Revisan mansions de dos aduaneros
La denuncia de la Dirección Nacional de Aduanas contra el senador Martín Arévalo (ANR) por tráfico de influencias –que no tardó en generar fuego cruzado entre las partes– desencadenó ayer la intervención fiscal en los domicilios de los funcionarios aduaneros Roberto Luis Pereira y Miguel Medina. Durante la inspección se observó que ambos llevan una vida de lujos y suntuosidades, como se aprecia en la residencia de Pereira que aparece en la foto. Confiscaron teléfonos para hacer peritaje.
La Dirección Nacional de Aduanas (DNA), a cargo de Julio Fernández, supuestamente benefició irregularmente a un tercero en la compra de las mercaderías declaradas en contrabando, según la denuncia presentada ante el Ministerio Público y ante la Cámara de Senadores por el importador Ahmad Khalil Chams y firmas comerciales.
La denuncia de Chams ante el Ministerio Público fue realizada el 12 de mayo del presente año en contra de personas innominadas, por la presunta comisión de lesión de confianza y, luego, el 25 agosto último ante la Cámara de Senadores, de la cual se hizo cargo el senador Martín Arévalo (ANR), quien fue denunciado posteriormente por tráfico de influencia por el titular de Aduanas.
El escrito presentado a la Fiscalía por Chams, bajo la representación del abogado Horacio Galeano Perrone, cita como posibles personas implicadas a Fernández, director nacional de Aduanas; y a Guadalupe Ruíz, administradora de Aduanas del Puerto Paksa.
La nota señala que el 24 de junio de 2020, en virtud a la Resolución N° 268/20, la administradora de Paksa declaró en contrabando las mercaderías, dispuso su comiso y la comercialización, así como el medio de transporte.
El denunciante indica que la autoridad aduanera incurrió de forma totalmente arbitraria, parcialista y con un sospechoso interés la comercialización de dichas mercaderías a un tercero, sin darle oportunidad al público en general y a su persona en particular de concursar por la adquisición de esos bienes por las vías de concurso de precios, licitación pública o subasta pública, privando por una parte al Estado paraguayo de percibir sumas de dinero más importantes que la que recibió de un solo postor.
Esto, según refiere, porque el artículo 300 del Código Aduanero establece que toda mercadería incautada podrá comercializarse únicamente por tres vías: el concurso de precios, licitación pública y subasta pública.
El importador sostiene en su denuncia ante la Fiscalía que este hecho, de ser comprobado, configuraría un delito penal de lesión de confianza contra el Estado paraguayo, por el cual se ha beneficiado irregularmente a un tercero en la compra de mercaderías que eran propiedad del Estado paraguayo en virtud a la resolución mencionada que declara contrabando dichas mercaderías.
El 25 de agosto, el senador Arévalo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, eleva esta denuncia al presidente del Senado, Óscar Salomón (ANR), y solicita se de el trámite y se gire a las comisiones para lo que hubiere lugar.
El escrito, al cual se suma el abogado Rafael Ortiz Villalba, en representación de las firmas “Importadora Gecu SA” y “Belic Import Export SA”, brinda más detalle de la operación denunciada e insiste de que se privó al Estado de sumas importantes de dinero, ya que el valor de los productos es de US$ 3 millones aproximadamente.
Además, que las mercaderías caídas en comiso no fueron incluidas en la lista oficial de remate, que existió hurto agravado para reducir su valor y posteriormente se realizó la venta directa a la firma Emeku SA.