La Contraloría anuncia auditorías y fiscalizaciones a 60 instituciones
La Contraloría General de la República (CGR) anunció su plan general de auditorías y fiscalizaciones especiales para el ejercicio fiscal 2022. Cerca de 60 instituciones públicas serán sometidas a controles. En solo un año, el órgano extrapoder presentó reportes de indicios de hechos punibles por cerca de G. 380.000 millones. Además se realizarán verificaciones sobre utilizaciones de fondos del Fonacide y royalties.
El contralor Camilo Benítez firmó dos resoluciones a través de las cuales se estableció el Plan General de Auditorías (PGA) para el ejercicio fiscal 2022.
Se ha establecido que al menos 20 instituciones serán sometidas a Fiscalizaciones Especiales Inmediatas (FEI). A ellas se podrán sumar otras como municipalidades y gobernaciones a determinar, además de otras organizaciones y entidades del Estado.
A ellas se les sumarán otros 30 entes públicos que serán sometidos a auditorías, entre las que sobresalen las binacionales Itaipú y Yacyretá.
También se deja claro que pueden determinarse auditorías para municipales, gobernaciones y otras instituciones públicas a ser elegidas.
Además se realizarán dictámenes técnicos de contratación, desempeño y cumplimientos; controles de automotores del sector público y evaluaciones de los planes de mejoramiento presentados por las Organizaciones y Entidades del Estado (OEE) sujetos al control de la CGR.
Denuncias por G. 379.000 millones
En la memoria anual remitida por la CGR al Congreso y a la Presidencia de la República semanas atrás, se relató que se presentaron 52 Reportes de Indicios de Hechos Punibles (RIHP) presentados ante el Ministerio Público por un total de G. 374.965.076.604.
Los gobiernos municipales fueron los protagonistas de la mayor parte de esos reportes de hechos punibles. En total, fueron detectados daños patrimoniales por G. 361.030 millones en gobiernos comunales.
Los municipios del Departamento Central están en el centro de las irregularidades. En total, en el decimoprimer departamento se detectaron irregularidades por cerca de G. 346.000 millones.
Entre los municipios del departamento de Concepción se encontraron irregularidades por G. 7.189 millones.
Además fueron enumerados posibles daños patrimoniales por G. 8.365 millones en la Gobernación del Departamento de Caaguazú.
Y otros G. 5.569 millones de irregularidades fueron detectadas en otras instituciones, entre las que sobresalen Senasa y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).
Con el importe cuantificado como denuncias penales e indicios de hechos punibles correspondientes al 2019, pudieron haberse adquirido 796.942 dosis de vacunas contra la hepatitis A. Realizando otro cálculo en forma opcional, pudieron haberse adquirido 1.343 camas eléctricas de uso hospitalario para internados, uno de los insumos que con más urgencia necesitó el Ministerio de Salud Pública al inicio de la cuarentena absoluta por la pandemia del coronavirus.
Con ese dinero, se podrían haber adquirido 3.897.149 raciones de almuerzo escolar. Es decir, se podrían haber comprado raciones de alimento para más de la mitad de la población total del país.