Patrimonio de la titular de Diben subió 463% en apenas tres años
Los bienes patrimoniales de la titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) e integrante de Conajzar, Carmen Alonso, registró un incremento del 463% en tres años, en coincidencia con su designación para el cargo. La gestión de reguladora de juegos de azar es cuestionada por sus decisiones calificadas como ilegales.
La jefa de la Diben y miembro de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) registró un aumento de 463% de sus bienes patrimoniales. La información se obtuvo mediante una consulta hecha en el portal Control Ciudadano (www.controlciudadanopy.org), plataforma que cruza datos abiertos.
El resumen de sus declaraciones juradas exhibe que hasta el año 2017 su patrimonio neto era de G. 180.000.000, que se mantuvo en 2018 y que en 2020 trepó a 1.012.800.000 guaraníes (ver cuadro).
El historial de cargos, basado en la web de la Secretaría de la Función Pública (SFP), indica que Alonso en 2017 se desempeñaba como psicóloga de consultorio en el Instituto de Previsión Social (IPS), y que a partir del 2018 a la fecha se encuentra al frente de la Diben. Designar al responsable de este cargo corresponde al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Al ser consultada sobre el extraordinario crecimiento de su patrimonio, que coincidentemente se observa en el lapso en que ocupa ese cargo de confianza, Alonso respondió que heredó terrenos de su abuela. “Sigo ganando lo mismo que ganaba antes. Son declaraciones juradas, tengo todo bien definido, son terrenos que heredé de mi abuela, tengo casas. Todo en proceso de herencia, ni siquiera están a mi nombre”, respondió.
Estas declaraciones las hizo en una visita a ABC el viernes último, acompañada por el presidente de la Comisión y la asesora jurídica, José Ortiz y María Galván.
No quiso dar más detalles porque no tenía tiempo, debía ir a una reunión, según dijo. Alonso respondió nuestras preguntas con vistosas gesticulaciones, especialmente con las manos, con las que buscó minimizar la importancia de las mismas: el crecimiento de sus bienes.
Carmen Alonso integra la Conajzar con voz y voto, en todas las decisiones de la misma. Es una de las defensoras de la “regularización” del emplazamiento de tragamonedas en sitios prohibidos con el argumento de que representa ingresos para la Diben.
Semanas atrás, la Secretaría Anticorrupción (Senac) y la Contraloría General de la República (CGR) emitieron dictámenes que calificaron de ilegal lo establecido en la Resolución N° 34/2020 de Conajzar y con la cual autorizó el censo, catastro y explotación de tragamonedas en sitios no exclusivos de juegos de azar a la empresa iCrop SA, representada por Ariel Peña Flores.
Coincidieron en cuestionar que la adjudicación debió ser el resultado de una licitación, y no de una contratación directa.
La CGR criticó que la decisión implique el uso de tragamonedas en lugares de libre acceso a menores de edad, disposición que viola lo dispuesto en el Decreto N° 3.083/15, que establece que las máquinas pueden funcionar solo en sitios cerrados, a los que prohíbe el acceso a niños y adolescentes. También cuestiona que la Conajzar delegase sus atribuciones a la firma al atribuirle responsabilidad sobre los procesos de la “regularización”.
Los recursos por la “regularización” representan apenas el 30% de la recaudación de iCrop, ya que el canon mensual por cada máquina es de un jornal mínimo, G. 88.051, mientras que la gestión al comerciante cuesta entre G. 300.000 y G. 450.000. “...Una cuestión de la empresa”, según Alonso.
Teniendo en cuenta que el compromiso es “legalizar” 50.000 máquinas representa una recaudación mensual de US$ 2,1 millones y de este monto, US$ 1,5 millones queda a iCrop, mientras que US$ 652.229, al Estado.