Bateristas sacuden Asunción con rock
La Dirección General de Justicia Policial tendría que resolver esta semana el caso de la supuesta tragada del dinero del rubro de combustibles, ocurrido en el ejercicio 2020 y que estuvo a punto de ser cajoneada por la propia Dirección de Asuntos Internos
La que sería una multimillonaria tragada de dinero se produjo durante casi todo el año pasado, cuando uniformados corruptos y funcionarios desleales de Petropar simulaban cargas de combustible a móviles de la Policía Nacional. Así efectivizaban el saldo en guaraníes contenido en las tarjetas magnéticas asignadas a los vehículos.
El desvío de fondos fue confirmado en dos investigaciones de la Dirección de Asuntos Internos, la primera que concluyó en abril de este año y la segunda que terminó en agosto pasado. El que era director de Asuntos Internos, comisario general Francisco Andino, presuntamente intentó cajonear el expediente luego de la primera pesquisa, ya que no hizo la denuncia ante el Ministerio Público, tal como se lo recomendó su investigador, sino que comunicó el caso a la Fiscalía recién después de la sugerencia que le volvió a hacer el fiscal de sumarios que estuvo al frente de la segunda investigación.
Luego de que se desató el escándalo, el comandante de la Policía, comisario general Luis Arias, movió de su puesto a Andino para amortiguar los severos cuestionamientos surgidos. Por ejemplo, desde la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Cámara de Diputados y Cámara de Senadores pidieron informes sobre el presunto caso de corrupción. Para no pasarlo a retiro, Arias colocó a Andino en la Dirección Científica y Técnica, que es una instancia similar a Asuntos Internos. Semanas antes, Arias sí pasó a retiro a su camarada Jorge Medina, quien era el director general de Administración y Finanzas y, por ende, responsable del control de las tarjetas de combustible que fueron desangradas sistemáticamente.
El expediente está ahora en poder de un juez de Justicia Policial, que esta semana tendría que expedirse con relación a la sanción sugerida por el fiscal de Asuntos Internos para dos oficiales y ocho suboficiales, aunque la rosca corrupta sería mucho más grande. De hecho, en su dictamen conclusivo (ver facsímiles), el fiscal policial advierte al juez policial que el caso sería mucho más complejo de lo que se cree, ya que podrían estar involucradas muchas más personas de las que se estima.
Ministerio Público investiga en paralelo
Además del proceso abierto en la Justicia Policial, la Justicia ordinaria también inició una investigación en paralelo a través de la fiscala María Luján Estigarribia, quien tuvo que emplazar recientemente a la Policía para que entregara los documentos del caso luego de llamativas dilaciones. La representante del Ministerio Público debe analizar los papeles y determinar si corresponde que ella siga con la causa o si la deriva a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Otro que tuvo que pedir varias veces la documentación del caso es el ministro Anticorrupción René Fernández, quien consiguió el expediente recién después de que denunciara ante la prensa al comandante de la Policía Luis Arias.
Este escándalo así como la ola de inseguridad por la que atraviesa el país, motivaron al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a dar un plazo de hasta 90 días al comandante Arias y al propio ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. Si la situación no cambia, ambos serían destituidos, según reconocieron estos en una conferencia de prensa que se hizo luego de que recibieran la advertencia de Marito.