No hay margen fiscal, alega el ministro
El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, dijo ayer que todos los pedidos de adenda que se realicen a la cartera serán analizados para tomar una decisión, pero adelantó que no hay margen para solicitar aumentos de gastos que se financian con recursos del Tesoro (impuestos y otros), salvo que se realice una reprogramación interna en la entidad. En ese sentido, descartó que desde la cartera se envíe al Congreso una adenda al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 con fuente de financiamiento de recursos del Tesoro.
“Esto no va a ocurrir, nunca ocurrió y este año no va a ser la excepción”, afirmó.
En lo que respecta a los que se financian con crédito público, señaló que si algunos proyectos fueron recortados por el tope de déficit fiscal, serán revisados; y en lo referente a gastos cubiertos con recursos institucionales, también podrían volver a analizarse para determinar si hay espacio.
La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso abrió el periodo de audiencias el pasado lunes 13 y la última sesión de la semana la realizó el viernes 17, tiempo durante el cual expusieron sus respectivos presupuestos 2022 las principales autoridades de 11 entidades públicas.
Los que pidieron
Entre las instituciones componentes del Poder Ejecutivo que pidieron un aumento o adicional al monto establecido en el proyecto presentado al Parlamento, está la Policía Nacional por un monto de G. 106.610 millones; el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), G. 37.466 millones; y la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), G. 30.000 millones, lo que suma en total G. 174.076 millones (US$ 25,3 millones al cambio vigente).
A esto se agrega el pedido de G. 7.000 millones (US$ 1 millón) realizado por la Contraloría General de la República, que es un organismo constitucional de control gubernamental.
Las audiencias continúan mañana, el martes y el viernes, periodo en que los legisladores escucharán a las autoridades de 13 entidades, como el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades); el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert); el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y el Poder Judicial, por lo que no se descartan más pedidos adicionales y de adenda.