La objeción del Poder Ejecutivo
La Cámara de Diputados aceptará en su sesión extraordinaria de la fecha, convocada para las 09:00, el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley de “autobandidaje”, norma que pretendía “reglamentar” el artículo 201 de la Constitución Nacional, sobre la pérdida de investidura de un parlamentario.
El Senado ya aceptó la objeción del Ejecutivo. Esta será la tercera vez que el Congreso archiva la polémica ley cuestionada por la ciudadanía. Los intentos de contar con una ley de “autobandidaje” se iniciaron en el periodo pasado luego de que el exsenador Óscar González Daher (ANR, HC), hoy condenado por tráfico de influencias, declaración falsa y enriquecimiento ilícito, fuera expulsado de la Cámara de Senadores por uso indebido de influencias.
El primer intento de sacar una ley de “autobandidaje” se hizo durante el gobierno de Horacio Cartes. Con el gobierno de Mario Abdo Benítez ya son dos los intentos. La objeción del Poder Ejecutivo apunta principalmente a la cantidad de números que se requieren para aprobar un pedido de pérdida de investidura. Planteaban una mayoría absoluta de dos tercios (30 en Senado y 53 en Diputados).
El requisito de la mayoría calificada colisiona con el artículo 185 de la Constitución Nacional, que es la regla general aplicable para los casos en los que no requieran una mayoría calificada, como ocurre con el artículo 201 de la Carta Magna. La comisión de Asuntos Constitucionales aconseja aceptar el veto del Poder Ejecutivo.
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Cuentan los que saben que varios fiscales valientes solo esperan una “orden superior” para iniciar la investigación de Pandora Papers. Pero no pasa nada.
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¿En qué está la fiscalía de Quiñónez? Ayer le designó a una agente para atender causas penales por maltrato animal. Todo bien con los animales, pero el “purete” está en el dinero de dudoso origen que salen del país y van a las offshore.
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Es más, el “Patrao” cuando se enteró de estas filtraciones rápido “se fue corriendo” a la Contraloría para rectificar su declaración. ¿No es acaso esto un reconocimiento de que ocultó datos?
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¿Quiénes son los demás paraguayos que están en la lista? Ya lo sabremos en breve.
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El “farandulero” candidato cartista a la intendencia de Asunción está zapateando porque la Justicia le obliga a transparentar sus gastos de pandemia.
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¿Qué esconde el “farandulero” detrás de los G. 21.000 millones? ¿Por qué no quiere que la ciudadanía sepa qué hizo con este millonario monto?
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Si así va a seguir administrando el dinero de los contribuyentes, en caso de ganar este domingo, entonces los electores asunceños deben pensar muy bien qué le conviene a la ciudad.
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El juez Hugo Garcete está dilatando la definición de la demanda que la aseguradora Royal Seguros SA presentó contra la Procuraduría General, con la intención de evitar el pago de US$ 6 millones por el fallido proyecto de Metrobús.