Una oposición más seria en la batalla cívica del 2023

En el Paraguay el electoralismo impide concentrarse en los graves dramas nacionales, como el hecho de que el Estado se fragmenta de manera alarmante. Hay regiones en las que el Gobierno ya no gobierna y cedió su potestad institucional al crimen organizado. Los políticos impulsaron tal fragmentación tentados por el dinero narco que les permite comprar poder. A su vez, los narcos penetraron los partidos y se “legitimaron” con cargos electorales ganados a billetazos. Hay territorios donde no rige la ley, sino lo que ordenan los narcopolíticos. He aquí una razón por la que se han creado tantos nuevos distritos en los últimos años. Algunos de esos distritos legalizados por el Congreso no pasan de ser simples asentamientos sin mayor infraestructura y sin los mínimos requisitos para ser considerados “ciudades” con municipalidades propias. Son meros enclaves del narcotráfico. Y desde esos pueblecitos se maneja el negocio. Las autoridades son dominadas por los poderes fácticos y no están al servicio de la población. Un informe periodístico reveló lo ocurrido en la localidad de San José del Norte, o Kamba Rembe, en el recientemente creado distrito de San Vicente Pancholo, departamento de San Pedro. Kamba Rembe es conocida como “la capital de la marihuana”. El 70 por ciento de la población se dedica a ese cultivo. Por lo que se pudo observar en el informe, ahí no rige el artículo 41 de la Constitución Nacional, del Derecho al Tránsito, pues no se entra sin permiso. Prácticamente una propiedad privada. Y los pocos policías del lugar operan solo en función de los capos de la producción. Este es un ejemplo de lo que ocurre en extensas zonas de San Pedro, Concepción, Canindeyú, Amambay, Alto Paraná. Y se extienden las guerras de poder entre los caciques narcos por dominar esas comarcas. En esas guerras hay “efectos colaterales” devastadores en cuanto a vidas de inocentes o a la pérdida absoluta de la institucionalidad en el territorio. El Gobierno nacional no tiene fuerzas para enfrentar a las poderosas organizaciones criminales. Peor aún, el escuálido brazo armado del Estado se halla al servicio de quienes atentan contra el Estado: policías fungen de resguardos de los narcos, las Fuerzas Armadas les surten de municiones de la Nación. Y hay fiscales y jueces que custodian el bienestar judicial de los capomafiosos. En este contexto no puede haber un crecimiento económico sustentable y solo se enriquecen los narcos, los políticos corruptos y los funcionarios venales, mientras la pobreza de la gente sigue creciendo. Tenemos un Estado en retirada que da lugar a que entren a mandar los delincuentes “legitimados” por la fuerza bruta. Las elecciones municipales mostraron que el partido que permitió esto creció, mientras los “opositores” se disuelven en su ingenua creencia de que cambiarán todo con hashtags y consignas cursis. La batalla cívica del 2023 necesitará estrategias más serias, en un país cada vez más fragmentado y con un poder mafioso que continúa ganando territorios.