Gobierno municipal

Las autoridades del Gobierno municipal son el intendente, encargado de la administración y la ejecución de los planes de trabajo; y la Junta que es el órgano legislativo, cuya función es la de contralor y legislar, dictar resoluciones y ordenanzas. Las autoridades tienen la obligación de rendir cuentas de sus acciones. Pero ambos órganos tanto ejecutivo como legislativo deben prestar servicios, despojarse de su fanatismo partidario y buscar el bien común del distrito. Los contribuyentes por su parte tienen el derecho de ejercer el control social para el buen funcionamiento institucional de la Comuna. En realidad el control social debería de ejercer las instituciones del Estado, Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio del Interior, entre otras. Pero la ciudadanía tiene el legítimo derecho de velar por la transparencia administrativa municipal a fin de evitar malversación de fondos y mala utilización de los recursos municipales. En las elecciones del 10 de octubre último, a través del voto, la ciudadanía eligió a sus autoridades. El intendente tiene la obligación de administrar, ejecutar planes de Gobierno local y promover el desarrollo del distrito en todas las áreas. Por su parte, la Junta Municipal, integrado por los concejales, tiene el deber de ejercer el rol de contralor, legislar y controlar la administración municipal. Cada quien debe cumplir sus responsabilidades en el área de su competencia. El municipio es el territorio de un Gobierno local, conocido también como el ayuntamiento. Es tan importante para el crecimiento del distrito sea en lo urbanístico, social, económico y cultural. En la actualidad se agrega el componente ambiental porque es una responsabilidad de las autoridades y la población el cuidado del medio ambiente. La higiene y la salubridad; el aseo urbano, el arreglo de las calles; ordenamiento del tránsito; los cuidados de los patrimonios, el turismo, la promoción del folclore y la identidad local son obligaciones de las autoridades municipales. Los contribuyentes tienen el derecho de exigir a sus autoridades el cumplimiento de sus deberes.