Dueños de veredas

Un incidente registrado el martes pasado entre comerciantes de Ciudad del Este por el uso de la calle y de la vereda reflotó la problemática de la usurpación de los espacios públicos. Un calvario de antaño para los peatones, sin visos de solución. La violenta reacción de la mujer -apodada, tras el altercado, como “doña vereda“- contra sus vecinos comerciantes tiene como causante una distorsionada apreciación sobre los espacios públicos. Algunos frentistas consideran como parte de su propiedad las veredas y las calles que circunvalan su local. En base a esta torcida idea, los comerciantes se apoderan de las aceras donde colocan su mercancía o estructura del negocio y hasta construyen edificaciones. La Ley 3699/2010, Orgánica MuPermiso, nicipal, en su artículo 134, enumera los bienes del dominio público que están destinados al uso y goce de todos los pobladores. En la lista figura “las aceras y los accesorios de las vías de comunicación...”. Esta disposición legal es letra muerta en los municipios del área metropolitana de Ciudad del Este. Las Municipalidades son las instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de la normativa y sancionar a los usurpadores de espacios públicos. Sin embargo, generalmente se desentienden de la problemática y efectúan las intervenciones esporádicamente. La recuperación de las aceras solo ocurre cuando los ocupantes son autoridades o si algún caso en particular se viraliza en las redes sociales como el altercado entre los comerciantes. Mientras que la mayoría de los usurpadores se adueñan impunemente de los espacios públicos sin ser intervenidos por las autoridades municipales. La ocupación de las veredas incluso es auspiciada por la Municipalidad. En Ciudad del Este sucesivas autoridades municipales autorizaron la instalación de casillas en las aceras del circuito comercial del microcentro. Los turistas extranjeros al ingresar a la capital departamental se encuentran con un aspecto urbanístico desorganizado, sin espacio para caminar en las veredas, y se arriesgan a transitar por las calles en medio de los vehículos. Los municipios están obligados a acatar su propia ley orgánica y garantizar un tránsito seguro a los peatones por las aceras. La ciudadanía debe exigir a sus autoridades a organizar la ciudad sin menoscabar los derechos de nadie.