SIP advierte de creciente limitación al derecho del público a la información
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó del auge de las restricciones al acceso a la información, que son “las principales limitaciones a la libertad de expresión y al derecho del público a la información”. Estos bloqueos son contrarios a los principios democráticos, sostuvo el grupo hemisférico.
MIAMI (EFE). El llamamiento forma parte de una resolución aprobada al término de la 77 Asamblea General de la SIP y está dirigido a las autoridades de Antigua y Barbuda, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Trinidad y Tobago.
Esas restricciones generan
“falta de transparencia, lo cual es contrario a los principios democráticos sobre
rendición de cuentas de un
Estado”, dice la SIP. La resolución indica también que “en muchas ocasiones la información obtenida de oficinas públicas por medios, periodistas y ciudadanos en estos países, son versiones adulteradas, discrecionales y arbitrarias, difíciles de corroborar”.
La SIP se dirige a cada uno de los 17 gobiernos para indicar dónde está el problema a subsanar.
Respecto a Bolivia se menciona un proyecto de ley
que otorga a un ente gubernamental la facultad para decidir qué datos pueden o no divulgarse, infringiendo el artículo 21 de la Constitución.
En Chile, “argumentando razones sanitarias, se restringió el acceso de los medios a los debates y a la sede de la Convención Constitucional”.
Una nueva práctica de los Gobiernos para limitar el acceso a información pública es designarla como “reservada”.
Varias instituciones estatales de Paraguay se niegan a cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública e incluso algunas buscan su derogación, mientras que en Perú se le niega el acceso a la información a medios privados, a los que se les ha impedido el ingreso a ceremonias oficiales.
En Ecuador se negó a periodistas de El Universo información de la Contraloría
General del Estado sobre declaraciones patrimoniales de funcionarios y en El Salvador se designa como “reservada” información sobre asuntos públicos cuestionados por posible corrupción.