Sancionan ley que prohíbe tragamonedas en negocios
El Senado aprobó ayer el proyecto de ley que prohíbe el uso de tragamonedas en sitios no exclusivos de juegos de azar. Queda en manos del Poder Ejecutivo promulgarla, lo que sería un reconocimiento oficial de la ilegalidad cometida por la propia Conajzar al impulsar la “regularización” de dichas máquinas.
La Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de ley “que establece medidas de protección a menores de edad ante las influencias de las máquinas tragamonedas”. La iniciativa apunta a prohibir la puesta en operación de esos aparatos en sitios no exclusivos de juegos de azar, tales como bares, bodegas, despensas y otros. Ahora el documento queda a cargo del presidente Mario Abdo Benítez para su promulgación o veto.
El citado plan surgió a mediados del año pasado luego de que investigaciones periodísticas evidenciaran que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), en ese entonces presidida por José Antonio Ortiz Báez, firmó un contrato directo con la empresa “iCrop SA”, de Lucy Sy, de nacionalidad china taiwanesa, y Lilian Beatriz Vera de Qiu, con el objetivo de “legalizar” el uso de tragamonedas en comercios no exclusivos de juegos de azar. Conajzar pisoteó su ley
Las críticas principales surgieron porque dicha maniobra se realizó en violación de la propia Ley Nº 1016/97 de juegos de azar, que justamente limita la operación de esas máquinas solo en sitios del ramo y que está dentro de la atribución de las municipalidades su explotación y control.
Otro aspecto muy cuestionado fue el hecho de que la compañía privada iCrop SA cobra G. 300.000 de canon por cada máquina al mes. El compromiso, según el cuestionado contrato, es “regularizar” 50.000 tragamonedas, por lo que la expectativa de recaudación sería de US$ 2,1 millones, y de ese monto, el 70% (US$ 1,5 millones) quedaría para la compañía privada.
En ese contexto, la Cámara de Senadores había tratado en una primera vuelta el proyecto de ley para reafirmar las limitaciones del uso de las tragamonedas. Ese plan fue aprobado con modificaciones en la Cámara de Diputados, por lo que pasó
de nuevo al Senado. Fue así que ayer la Cámara Alta sancionó el texto. En esencia, el documento ratifica lo establecido en la ley de juegos de azar y establece sanciones.
Cabe recordar que las autoridades y exmiembros de Conajzar, entre ellos la titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), se encuentran procesados por el Ministerio Público, entre otros motivos por el contrato de Conajzar con iCrop. También por adjudicar la quiniela a una firma morosa del fisco y reducción del canon en pandemia. Se abstuvieron de declarar
Carmen Corina Alonso, titular de la Diben, y José Antonio Ortiz Báez, expresidente de Conajzar, se abstuvieron de declarar ayer ante la fiscala Estefanía González, en el marco de las investigaciones por aparentes hechos de corrupción en la institución de control de juegos de azar. Ocho personas están procesadas, entre ellas las actuales autoridades de Conajzar Rubén Rousillón Blaires y Ricardo Núñez Giménez. También exmiembros como Ortiz Báez, Alonso, Omar Mongelós González, Raúl Mariano Silva Busto. En la misma situación se encuentran el exprocurador de la República Sergio Coscia y el directivo de la empresa TDP SA Carlos Wasmosy Carrasco.