FGE define si acusa o no a exconcejal
El juez penal de garantías José Agustín Delmás dio trámite de oposición al sobreseimiento provisional que solicitó el Ministerio Público para el concejal Eduardo Martínez Araújo (Avanza País), quien supuestamente extrajo cerca de G. 500 millones de una cuenta habilitada a nombre de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia.
El magistrado recurrió al trámite establecido en el artículo 314 del Código Procesal Penal ante el pedido de sobreseimeinto provisional que hizo el fiscal Andrés Arriola a favor del concejal del distrito de Mariscal Estigarribia (Chaco) Eduardo Martínez Araújo, procesado por supuesta estafa y lesión de confianza.
“Este juzgado considera que en la presente causa existirían elementos que constituirán ciertamente el tipo penal de estafa y lesión de confianza (...) y resalta que de las constancias de autos existiría un supuesto perjuicio al Municipalidad de Mariscal Estigarribia”, indica parte del Auto Interlocutorio N° 221, de fecha 1 de abril de 2022, dictado por el juez Delmás.
La denuncia fue presentada por el exintendente de Mariscal Estigarribia, Óscar Isnardi (ANR).
La Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia del fiscal de Curuguaty Jalil Amir Rachid, recientemente asignado a la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, en la sesión plenaria de ayer.
Rachid, quien tenía el cargo de fiscal penal de Curuguaty, fue recientemente asignado a la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.
Según fuentes allegadas al caso Mercat, a su cargo estaba un asistente cuyo hermano fue detenido en el marco de la investigación abierta a partir de la aprehensión de Walter Galindo, que quedó conocido como el caso de los “narcouniversitarios”
debido a que varios de los imputados son alumnos de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. La trayectoria de Rachid cobró notoriedad como encargado de la investigación de la masacre de Curuguaty, como quedó conocido el fatídico episodio del 15 de junio de 2012, que dejó un saldo de 17 muertos (seis policías y once campesinos) y derivó en el juicio político al expresidente Fernando Lugo y su posterior destitución.
En el año 2017, Rachid fue muy cuestionado por acusar y solicitar condena para el ambientalista Rubén Figueredo, por acopiar pilas en su casa del barrio Itá Enramada de
Asunción, sin autorización, para evitar que las mismas contaminaran el ambiente, pues el municipio ya no contaba con espacio para el depósito de este tipo de residuos. En juicio, Rachid pidió una condena de 3 años y 6 meses de penitenciaría para el acusado.
Posteriormente, un Tribunal de Apelación anuló la condena de dos años a Figueredo y ordenó la realización de un nuevo juicio.
Otra polémica que involucró a Rachid tiene relación con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rever la decisión del pleno del 11 de junio del 2019, por la cual eligió a otro integrante de su terna para fiscal de Curuguaty.