Desorden fiscal, credibilidad e inflación
Hace poco tiempo, la secretaria del Tesoro Yanet Yellen había dicho: “Un incumplimiento causaría un daño irreparable”, cuando se refería a las implicancias económicas del cierre de gobierno en los Estados Unidos de
América.
Tener finanzas públicas sostenibles es un activo que brinda credibilidad a la política económica y estabilidad financiera a la economía, con lo cual hay más inversiones y empleos. Cualquier evento que socave la confianza sobre la sostenibilidad fiscal puede imponer costos severos para la sociedad.
Las iniciativas orientadas a reducir ingresos y cargar más gastos afectarían adversamente la credibilidad del plan fiscal de convergencia, poner en riesgo el balance financiero del Estado y meter más presión sobre la inflación.
Por el lado de los ingresos, las iniciativas del régimen de turismo de frontera, de eliminación del impuesto selectivo al consumo (ISC) a combustibles y de eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) a la canasta básica podrían resultar en una reducción de recursos por 422 millones de dólares (1% del producto interno bruto, PIB). Hay cuestiones particulares acerca de dichas iniciativas, pero más allá de eso, las mismas no tienen sentido con una presión tributaria del 9% del PIB.
Al mismo tiempo, se tienen iniciativas de subas salariales en el ámbito público que elevaría el gasto público de manera permanente. En los últimos 25 años, cada vez que la economía tuvo una contracción y se dieron subas salariales de dos dígitos, el resultado fiscal empeoró 1,4% del PIB. El caso más recordado es la suba de salarios del 2012, que resultó en un aumento del gasto en servicios personales del 29,8% nominal y un deterioro del resultado fiscal del 2% del PIB, justo cuando la economía se contraía un 4,7%, lo que significó un punto de inflexión donde los superávits fiscales quedaron atrás para dar paso a los déficits fiscales.
Este eventual desorden derivado de todo lo anterior puede ser grande y tendría graves efectos para la economía, lo que en última instancia podría derivar en una crisis fiscal.
El caso tradicional es una situación de desequilibrio que puede derivar en la imposibilidad de honrar la deuda pública. De manera creciente las dificultades fiscales pueden derivar en un déficit financiero, lo que significa que las fuentes de financiamiento no alcanzarían para cubrir las obligaciones de gasto rígido y más allá del ajuste fiscal abrupto que se podría gatillar, esto tendría un efecto adverso e irreparable en la credibilidad.
En la medida que los planes e instituciones fiscales se menosprecien, se elevan los costos de financiamiento y se desalienta la radicación de la inversión en el país. Lo anterior cobra una relevancia mayor en este escenario de salida de la pandemia del covid-19, puesto que luego del aumento de la deuda del 2020 es necesario retomar la senda de resultados fiscales en línea con la Ley de Responsabilidad Fiscal. El Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional de octubre de 2021 muestra una estimación basada en evidencia que sostiene que un plan fiscal creíble puede bajar la tasa de interés de la deuda pública hasta 40 puntos básicos.
Además, un desorden fiscal que eventualmente resulte en un mayor gasto y déficit puede derivar en una mayor inflación. En su famoso trabajo sobre la desagradable aritmética monetaria de 1981, Sargent y Wallace habían señalado que un intento por parte de un banco central de reducir la inflación podría ser inefectivo en ausencia de apoyo fiscal.
Entonces, aquí no solo está en juego el equilibrio de las finanzas públicas de un año, sino el activo de políticas macroeconómicas que ha permitido sostener un proceso de crecimiento y mejora de las condiciones sociales en las últimas dos décadas. Y al final todo esto se resume en la credibilidad, la cual toma tiempo construir y repentinamente puede perderse en un acto.
*Miembro titular del directorio del BCP.