Esquema de estafa al Estado evitó que miles de paraguayos dejen la pobreza
El esquema de corrupción instalado por exfuncionarios del Indert, representantes de oenegés y líderes campesinos no solo causó un perjuicio de casi G. 4.000 millones al Estado sino que frustró el desarrollo de unas 550 familias campesinas que debían ser beneficiadas con ese dinero.
El Tribunal de Sentencia que condenó a 10 personas a penas de 2 a 10 años de cárcel –entre ellas funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y líderes campesinos (Luis Aguayo y Antonio Gayoso, entre otros)– concluyó que los condenados instalaron un esquema delictivo que causó un perjuicio de G. 3.821.241.395 al Estado.
Este daño fue ocasionado mediante tres convenios firmados por el Fondo de Inversiones para el Desarrollo Sostenible (Fides) con la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios Fundación (Anapa), la Fundación Nación Guaraní y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC). Con estos convenios se buscaba el apoyo a la agricultura familiar campesina en materia
de seguridad alimentaria.
El fiscal Leonardi Guerrero sostuvo que Fides entregó el dinero a las organizaciones, pero estas no proveyeron a los destinatarios los materiales que necesitaban para la implementación de los proyectos. En algunos casos, los insumos ni siquiera se compraron.
Esquema delictivo
La presidenta del Tribunal de Sentencia, Lourdes Peña, puntualizó que el dinero se entregó en propias manos a los representantes de las ONG y líderes campesinos cuando tuvo que haber sido por transferencia bancaria. También que se falsificaron firmas en la rendición de cuentas y sobrefacturaciones en la compra de insumos.
Otra grave irregularidad es que el representante de la Fundación Nación Guaraní, Ronald Guerrero, también era uno de los proveedores de las tres organizaciones.
“El dinero del Estado era para que muchas familias salgan de la pobreza, pero ese objetivo se frustró, ya que esas personas siguen en estado de vulnerabilidad. No se eliminó el hambre ni se cambió la situación económica de estos compatriotas”, cuestionó la jueza Peña.