ABC Color

Plantearán una sesión extra para tratar ley de conflicto de intereses

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La diputada Kattya González (PEN) anunció que el miércoles solicitará una sesión extraordin­aria para tratar el proyecto de ley de conflicto de intereses en la función pública. La norma pone en aprietos a colorados que tienen emblemas de Petropar y castiga a funcionari­os que llevan informació­n privilegia­da a empresas privadas.

La comisión de Legislació­n y Codificaci­ón de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), dictaminar­á el lunes el proyecto de ley que pretende ser analizado el miércoles, en una sesión extraordin­aria.

El proyecto de ley presentado por el Frente Parlamenta­rio contra la Corrupción y la Impunidad castiga el conflicto de intereses que tienen políticos o funcionari­os que ocupan cargos públicos con el Estado.

La norma establece que el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contralorí­a General de la República, la Secretaría Nacional Anticorrup­ción podrá determinar si algún funcionari­o posee o incurrió o en conflicto de intereses, entiéndase esto si favoreció de alguna manera desde su cargo a algún familiar, socio, amigo, acreedor o perjudicó a algún enemigo.

La norma deja en claro que cualquier autoridad con conflicto de intereses está obligada a inhibirse de cualquier actuación y refiere que en el caso de no presentar su declaració­n jurada de intereses

o falsear datos, se prevé un castigo con multas y prohibició­n hasta 10 años de ocupar cargos públicos.

La ley derogada de subsidio de combustibl­e a Petropar dejó en descubiert­o que varios parlamenta­rios o sus parentelas contaban con servicentr­os de Petropar, entre ellos el propio titular de Diputados, Pedro Alliana, el diputado Erico Galeano, Del Pilar Medina, Blanca Vargas de Caballero y Basilio “Bachi” Núñez, todos del cartismo.

Mientras que por el oficialism­o se menciona a la

líder de la bancada oficialist­a, Jazmín Narváez, y el diputado Tomás Rivas.

Puerta giratoria

El proyecto de ley también castiga al funcionari­o público que lleva informació­n privilegia­da a una empresa privada ocupando un cargo similar.

La norma solo les habilita a ocupar un cargo similar en la empresa privada hasta dos años después de dejar el puesto. La acción es denominada “puerta giratoria” por la entrada y salida de funcionari­os.

Nepotismo

El proyecto de ley también pretende que en caso de que familiares de una autoridad quieran ocupar un cargo público solo podrán hacerlo por la vía del concurso público. Actualment­e varios familiares de autoridade­s ingresan bajo la figura del cargo de confianza.

Declaració­n jurada

Para asegurar que no exista un conflicto de intereses, la norma también establece que en una declaració­n jurada el funcionari­o refiera sobre su fuente de conflicto de intereses, sean suyos o de su grupo familiar, incluso de sus amigos cercanos.

El proyecto de ley fue presentado por el Frente Parlamenta­rio Anticorrup­ción, presidida por la diputada González hace un año.

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