Juez esconde algunos detalles del operativo
El juez Humberto Otazú, quien ordenó la prisión preventiva de los cinco camioneros “extorsionadores”, explicó que la defensa de los acusados podrá acceder eventualmente a las evidencias que colectó la Fiscalía en el transcurso del proceso penal. Fue luego de que la defensora de los acusados, la abogada Miriam Fernández, haya dicho a la prensa que no tiene acceso a la carpeta fiscal y las evidencias sobre la denuncia.
El juez Otazú habló ayer sobre el caso en ABC Cardinal y refirió que no puede dar mayores detalles porque la investigación está en curso. Igualmente, puntualizó que la defensa de los camioneros debe tener acceso a la copia de la carpeta fiscal, mientras que sobre las evidencias indicó que en el transcurso del proceso penal eventualmente podrá contar con las mismas.
Cinco líderes del gremio de los camioneros fueron detenidos y puestos bajo prisión preventiva en la Agrupación Especializada luego de haber sido denunciados por el Ministerio del Interior de haber cometido una extorsión al Gobierno.
Según la acusación, los transportistas solicitaron –en principio– US$ 1 millón a cambio de no aplicar más cierres de rutas ni movilizaciones durante lo que queda de la gestión del presidente Mario Abdo Benítez. Los cincos camioneros detenidos son: Ángel Zaracho (Federación de Camioneros del Paraguay), Roberto Almirón (Federación de Transportistas Autónomos del Paraguay), Juan Friedelin, Julio César Solaeche y Vicente Medina, recluidos desde el pasado 13 de abril.
La detención de los camioneros se produjo luego de una entrega vigilada de una suma de US$ 50.000, que fue llevada a cabo por el Ministerio Público. Este procedimiento forma parte de las evidencias de la acusación fiscal, además de supuestas grabaciones en que se escucha a los transportistas solicitar la suma al ministro del Interior, Federico González, durante las negociaciones por la crisis de la suba de los combustibles.
Tanto la entrega vigilada del dinero como la grabación de los audios fueron realizadas por la Fiscalía mediante una autorización judicial, que fue otorgada por el Juzgado a cargo del magistrado Humberto Otazú, según confirmó este, ayer. “Todo lo que se realizó y se solicitó por parte del Ministerio Público tiene autorización judicial. Hablo con propiedad porque estaba de turno”, dijo.