Abdistas “confirman” irregularidades en Guairá y cartistas se desentienden
Diputados oficialistas cuyos votos son clave para aprobar el pedido de intervención a la Gobernación de Guairá, administrada por el cartista Juan Carlos Vera, “confirmaron” la existencia de obras inconclusas.
Diputados miembros de la Comisión especial y varios concejales departamentales de Guairá visitaron las cuestionadas y aparentemente sobrefacturadas obras ejecutadas por el gobernador cartista, Juan Carlos Vera Báez, con los US$ 2.000.000 de fondos covid.
Sólo tres de los 11 miembros de la comisión verificaron las obras denunciadas como irregulares. Estuvieron los oficialistas Ángel Paniagua, presidente de la comisión especial, y el diputado Hugo Ramírez, como así también el vicepresidente del órgano especial, el liberal Eusebio Alvarenga.
La comitiva visitó la cuestionada planta generadora de oxígeno y el pabellón de contingencia construida por la Gobernación por poco más de G. 3.000 millones de los fondos covid que se inauguró en diciembre del 2021, con el fin de paliar la pandemia del covid-19, sin embargo, hasta la fecha ambas obras están inutilizadas por carecer de una licencia para operar por parte del Ministerio de Salud.
Finalmente, los legisladores no pudieron ingresar dentro de las instalaciones debido a que se encuentran cerradas. El presidente de la comisión, el diputado Paniagua dijo que los concejales departamentales denunciaron la existencia de obras inconclusas “y verdaderamente venimos a encontrar que es así”, dijo al mencionar que la pieza de la planta generadora estaba cerrada y que no saben si existen o no los equipos.
Para el diputado oficialista Ramírez, si bien no existen obras fantasmas hay indicios de sobrefacturaciones, entre otras irregularidades en el proceso administrativo para la construcción de las obras que beneficiaron a los propios funcionarios de la Gobernación del Guairá.
Ampliarán las denuncias
Los parlamentarios también aprovecharon su visita al Guairá para verificar un tinglado que quedó inconcluso en la Escuela Integrada Eireté de Villarrica, que costo más de G. 410 millones, pero que fueron ejecutados con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Los concejales anunciaron que ampliarán la denuncia para que estas irregularidades también puedan ser incluidas dentro del pedido de intervención.
Se ausentaron los cartistas: Walter Harms, Avelino Dávalos y la diputada Cristina Villalba. El salvataje o no del gobernador dependerá nuevamente del oficialismo.