Creen positiva coerción para votar

Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) defendió el proyecto de ley que plantea sanciones administrativas además de multas para las personas que incumplan su obligación de votar.

El funcionario señaló que actualmente la no concurrencia a votar realmente no tiene ninguna consecuencia para las personas, ya que pagar la multa es optativo.

Señaló que al no existir ninguna medida legal coercitiva es la única manera de efectivizar la multa y quien no quiera pagarla esté obligado a votar.

Apuntó que el TSJE reglamentaría esta ley, actualmente en estudio en el Congreso para viabilizar el cobro de esta multa, que sería de medio jornal mínimo (unos G. 44.000).

Sobre el monto a recaudar, Mauro dijo que no se podía precisar, ya que dependerá del porcentaje de votantes y admitió que también algunas personas no pagarán las multas si no necesitan hacer los trámites.

El proyecto ratificado en el Senado la semana pasada y que pasó nuevamente a la Cámara de Diputados establece la suspensión de trámites personales ante la SET, pedido de pasaporte, antecedentes policiales, bloqueos en Registros Públicos, en Catastro y en el Registro del Automotor, entre otros, hasta que no abonen la multa por no haber votado en las elecciones.

Mauro remarcó que en otros países de la región se cumple estrictamente con las medidas legales coercitivas, que son muy drásticas para quienes no voten e inclusive las multas son superiores.

Mencionó a Perú, Ecuador y Colombia como países donde se aplican este tipo de sanciones que impide hacer trámites a quienes no voten.

No obstante, el funcionario señaló que en algunos casos, cuando el elector justifica debidamente la imposibilidad de votar, por enfermedad o por encontrarse lejos de su local de votación será eximido de pagar la multa. Para el efecto, deberá presentar un certificado o documento.