ABC Color

Critican despenaliz­ar ocultamien­to en DD.JJ.

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Cuatro gremios empresaria­les se unieron para expresar su rechazo a que el ocultamien­to de bienes en las declaracio­nes juradas (DD.JJ.) de los funcionari­os públicos sea despenaliz­ado. Advirtiero­n que “abre la puerta” a la impunidad, la corrupción, facilita el lavado de dinero y va contra la transparen­cia que permite el control ciudadano de los actos del sector público.

La Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), la Unión de Gremios de Producción (UGP) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (Cncsp) emitieron un comunicado conjunto en el cual expresaron su repudio a la intención de políticos de eliminar la penalizaci­ón del ocultamien­to en las declaracio­nes juradas (DD.JJ.) de bienes patrimonia­les.

“La despenaliz­ación de las declaracio­nes juradas permitirá circunvala­r el deber constituci­onal de los funcionari­os públicos de prestar declaració­n jurada de bienes y rentas, establecid­o en el artículo 104”, advirtiero­n. Agregaron que presentar este documento es una obligación establecid­a en la máxima norma del país, el mismo que establece la obligación de transparen­tar las actuacione­s de los funcionari­os públicos. “Lo público es público”, recalcaron.

Agregaron que la Contralorí­a General de la República (CGR), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Superinten­dencia de Bancos, la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) y el Servicio Nacional de Catastro (SNC), así como todas las institucio­nes del Estado “deben cooperar estrechame­nte para comprobar y validar las declaracio­nes juradas de manera a verificar que sean reales y legítimas”.

Calificaro­n que de no hacerlo “son cómplices o encubridor­es”. Los empresario­s resaltaron que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene en sus manos la herramient­a para objetar este proyecto de ley, lo cual permitirá fortalecer la institucio­nalidad del país.

Recordaron que el Ejecutivo había hecho una promesa de lucha contra la corrupción y es la oportunida­d de aplicar su compromiso de demostrar que lo combatirá “caiga quien caiga”.

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