La PGR recusa a Fretes en intento de cobro al Estado
US$ 40 MILLONES DE INDEMNIZACIÓN POR EL CASO JOEL FILÁRTIGA US$ 40 millones Asdrúbal Fretes.
La Procuraduría General de la República (PGR) recusó ayer al cuestionado ministro de la Corte de entender en el caso de intento de cobro de al Estado por parte de dos abogados, uno de ellos socio de su hijo La recusación se hizo con base en publicaciones.
El procurador general de la República, Rodolfo Barrios Duba, informó ayer a ABC que la institución acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con una acción de inconstitucionalidad, en la confianza de que los ministros de la máxima instancia podían impartir justicia.
Es en relación a la demanda que pide US$ 40 millones al Estado paraguayo como indemnización por la tortura y asesinato de Joel Filártiga. Lo llamativo es que uno de los profesionales
Antonio Fretes que están tras el millonario reclamo es Gregorio Daniel Acosta Talavera, socio comercial de Asdrúbal Fretes, hijo del cuestionado ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes..
Lo curioso es que uno de los familiares de Filártiga declaró que estos abogados no están accionando siquiera en su representación.
De acuerdo a los antecedentes, Gregorio Acosta abrió una empresa con Asdrúbal Fretes en el 2019. La empresa se llama Greclas S., constituida, según registros comerciales, el 13 de febrero de 2019 entre Acosta Talavera, Asdrúbal Fretes, Reinaldo
Agustín Bazán Barrientos y Claudio Vera Larroza (yerno del exministro de la Corte Víctor Núñez). El capital inicial era de G. 5.000 millones.
Conforme a los antecedentes, existen vínculos comerciales entre Asdrúbal Fretes y Gregorio Acosta Talavera, que es uno de los actores de la demanda. La recusación ya se venía preparando este miércoles último y se reforzó con la publicación periodística. Luego, se expuso ante la Sala Constitucional de la Corte, alegando que hay elementos suficientes para que el ministro Antonio Fretes se aparte de entender.
La Sala Constitucional está compuesta por Víctor Ríos, César Diesel y Antonio Fretes, que tendrá que ser reemplazado por algún otro miembro de otra sala, para resolver la causa.
“Fui en defensa de esos intereses patrimoniales”, dijo el procurador Barrios Duba. Agregó que las sentencias dictadas en primera y segunda instancia no tenían fundamentación suficiente.
“La falta de motivación era evidente y había contradicciones internas, la Corte tiene asentado en su jurisprudencia este tipo de casos”, expresó Barrios.