Justicia peruana decide la prisión de Castillo en medio de un país en zozobra
La justicia de Perú evaluaba ayer si extiende la detención del expresidente Pedro Castillo por haber intentado disolver el Congreso. Ese apresamiento generó violentas protestas de sus partidarios, que llevaron al nuevo Gobierno a declarar estado de emergencia nacional. Durante las manifestaciones han fallecido ocho personas.
LIMA, 15 (AFP). El juez supremo Juan Checkley debe decidir este jueves si el expresidente peruano Pedro Castillo permanece en prisión hasta 18 meses, el plazo pedido por la Fiscalía.
El magistrado realiza la sesión en forma virtual, sin la presencia del exgobernante, quien según el tribunal se negó a ser notificado. Actuó un defensor de oficio porque los abogados de Castillo también declinaron participar.
El fiscal Alcides Díaz consideró que el exmandatario es “coautor” de un golpe de Estado junto con quienes fueron sus primeros ministros, Betsy Chávez y Aníbal Torres. Explicó que, de ser hallado culpable en un juicio, Castillo podría recibir una pena de hasta 10 años de cárcel.
Intensas protestas
Las protestas más fuertes ocurren en el sur del país, donde se mantienen cerrados cinco aeropuertos (Andahuaylas, Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho). Más de un centenar de rutas están bloqueadas, complicando transporte y abastecimiento.
En Lima, decenas de manifestantes acampan alrededor de una prisión policial donde se encuentra detenido Castillo, un maestro rural de izquierda, de origen humilde, que intentó dar un golpe el 7 de diciembre y cerrar el Congreso. No encontró respaldo
institucional y su gabinete renunció en rechazo al fallido intento de quebrar el orden democrático.
El expresidente fue detenido en “flagrancia” cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Luego fue acusado de rebelión y conspiración. Desde la cárcel, Castillo ha asegurado que no renunciará. Contra él también existe una denuncia constitucional de la Fiscalía por corrupción.
Los opositores de Castillo aseguran que parte de su apoyo proviene del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta que sembró el caos en el Perú en la década de 1980 y 1990. Los llaman “terroristas”.
Los manifestantes piden la libertad de Castillo, la renuncia de su sucesora constitucional, la exvicepresidenta Dina Boluarte, el cierre del Parlamento y elecciones generales ya.
El Parlamento inició el debate para adelantar los comicios, lo que requiere de una reforma constitucional.