Tras aberrante fallo, Corte acepta la renuncia de juez
Por unanimidad, el pleno de la Corte Suprema aceptó ayer la renuncia del juez penal de Sentencias Wilfrido Peralta. Este dimitió y se acogerá a la jubilación desde el 1 de enero de 2023, tras el aberrante fallo contra la libertad de expresión que dictó semanas atrás.
La máxima instancia judicial aceptó ayer la renuncia del juez penal de Sentencias Wilfrido Peralta Argüello (61) y designó como interino en el Juzgado Penal de Sentencias Nº 14 de la Capital al juez Juan Francisco Ortiz.
La nota presentada el 19 de diciembre de 2022 por Peralta fue tratada en el punto 13 y los ministros Alberto Martínez Simón, María Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, César Garay, Luis María Benítez Riera, Víctor Ríos Ojeda, César Diesel y Eugenio Jiménez Rolón aceptaron por unanimidad la renuncia del magistrado.
Peralta deja el cargo luego de dictar, durante la madrugada del pasado 18 de noviembre, un aberrante fallo contra la libertad de expresión para la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, y que todavía debe ser estudiado en segunda instancia, teniendo en cuenta que la defensa apeló la sentencia.
En un fallo repleto de errores, el exmagistrado actuó casi como uno más de los abogados de la exviceministra cartista de Tributación Marta González.
Con su renuncia, Peralta evita ser denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por las graves irregularidades que cometió con su fallo. Abogados especialistas habían advertido semanas atrás que el mismo era pasible de ser denunciado y sancionado por el aberrante fallo.
En el juicio oral de la querella promovida por la exviceministra de Tributación hubo casi una veintena de audiencias, donde testigos y documentos ratificaron las críticas y observaciones que había realizado ABC Color con respecto a la contratación directa de un organismo internacional para la actualización del Sistema de Gestión Tributaria Marangatu, durante la administración de la querellante al frente de la SET.
Cuando Marta González Ayala era viceministra de Tributación, en el gobierno de Horacio Cartes, se adjudicó un contrato –para actualización del sistema tributario– por más de US$ 3 millones al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), un organismo del que era directiva. La misma Contraloría General de la República concluyó que no hubo competencia, sino contratación por vía directa, y se argumentó que eran los únicos con la experiencia requerida, pero tercerizaron el contrato a otra empresa, Ideati.
Pablo Seitz, titular de Contrataciones Públicas, declaró y afirmó durante su comparecencia en el marco del juicio que la vía de la excepción se utilizó de forma indebida en el proceso de compra de la actualización del sistema Marangatu.