Llamativa operación entre padre e hijo
El presidente –con permiso– de la Corte, Antonio Fretes, figura igualmente con un llamativo negocio con su hijo Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano .Se trata de una compra/venta de bienes muebles registrables, según los datos.
La transacción tuvo lugar el 27 de agosto de 2020 y aparece como vendedor Asdrúbal Fretes, mientras que el comprador es su padre, el ministro Antonio Fretes. Según figura, la operación fue por US$ 50.000 (G. 360 millones) con la observación de transferencia por dación de pago.
Los bienes muebles registrables corresponden a buques o aeronaves como también en algunos casos acciones en empresas, de acuerdo a nuestras fuentes.
De funcionario a empresario
Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano es quien salta como el principal inversionista del clan Fretes. Su nombre figura en la constitución o representación de empresas con millonarios capitales.
Este crecimiento, sin embargo, se dio en menos de una década atendiendo que hasta el año 2016 era un modesto funcionario del Ministerio Público, según hizo constar en sus declaraciones juradas.
Cuando aún estaba en la
Fiscalía ingresó a la poderosa empresa Río Salado SA, como director titular. Luego en 2015 –meses antes de renunciar del MP– constituye la casa de créditos Ahoraite SA junto a su infaltable compañera de “inversiones”, la abogada
Lourdes Beatriz González Gómez.
Asdrúbal actualmente está en el negocio bancario, de cobranzas, inmobiliarios y seguros.
Otros socios
Asdrúbal Fretes asimismo figura asociado con otras personas conocidas, detrás de concretar negocios con el Estado. Es el caso de Gregorio Daniel Acosta Talavera,
que intentó vender al Indert 2.000 ha con títulos de dudosa autenticidad.
Acosta Talavera, según los registros comerciales, constituyó el 13 de febrero de 2019 con Asdrúbal Fretes, Reinaldo Agustín Bazán Barrientos y Claudio Vera Larroza (yerno del exministro de la Corte Víctor Núñez) la empresa denominada Greclas SA. El capital inicial era de G. 5.000 millones.
Acosta es el que también aparece reclamando al Estado paraguayo US$ 40 millones, más intereses, como indemnización por la detención, tortura y asesinato del joven Joel Filártiga, sin siquiera ser pariente cercano.