ABC Color

Presidente de la Corte movió más de G. 1.300 millones sin justificar origen

TRANSACCIÓ­N SIETE MESES DESPUÉS DE LA FIRMA DEL CONTRATO DE AMÍLCAR FRETES CON HIJAZI

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El presidente –con permiso– de la Corte, Antonio Fretes, tuvo una sospechosa movida de G. 1.300 millones de una cuenta a otra en mayo de este año. Según el ministro, el dinero correspond­ía a “ahorros”; sin embargo, no pudo justificar con documentos esta versión. Llamativam­ente, esta transacció­n se realizó siete meses después de que Kassem Mohamad Hijazi hubiera pagado a Amílcar Alfredo Fretes Escobar –hijo del ministro Fretes– US$ 368.000, unos G. 2.545 millones, para evitar su extradició­n a EE.UU.

Siete meses después de la firma del contrato de prestación de servicios profesiona­les de abogado entre Amílcar Alfredo Fretes Escobar y Sharif Kassem Hijazi (familiar del extraditad­o Kassem Mohamad Hijazi), el ministro y presidente –con permiso– de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes, aparece con una llamativa transferen­cia por más de G. 1.300 millones entre dos cuentas bancarias a su nombre, según detallan documentos en poder de nuestro diario.

Amílcar Fretes, hijo del ministro del Poder Judicial, firmó el acuerdo en el que hablaba de una salida jurídica para Hijazi, el 30 de setiembre de 2021, mientras

que Antonio Fretes realizó dichos movimiento­s de dinero en mayo de este año.

Los antecedent­es dan cuenta de que el hijo del ministro de la Corte cobró por el trabajo US$ 368.000, más de G. 2.545 millones. Antonio Fretes, en tanto, realizó las transferen­cias de una cuenta en un banco a otra cuenta suya en otra entidad bancaria por más de G. 1.300

millones.

Los datos revelan que esta transacció­n realizada por el presidente de la Corte levantó sospechas porque superaba su perfil transaccio­nal promedio que solo era –hasta entonces– un poco más de US$ 6.800 (G. 48.000.000).

Al ser consultado por la

entidad bancaria, Antonio Fretes declaró que el origen del volumen transferid­o correspond­ía a sus “ahorros”. Sin embargo, era un volumen no habitual en su comportami­ento y no contaba con documentac­iones que permitan comprender lo declarado, dicen los registros.

Otro movimiento “raro”

Los G. 1.300 millones no fueron el único movimiento sin respaldo documental necesario en el historial financiero del ministro de la Corte Antonio Fretes. El 10 de mayo de 2018, el presidente de la Corte también tuvo una operación inusual por G. 351

millones.

Los documentos muestran que Antonio Fretes entonces

tampoco declaró el origen y no remitió los documentos correspond­ientes a las operacione­s, “motivo por el cual no se podía asumir fehaciente­mente el origen de los fondos”. Se considerab­a que los movimiento­s no guardaban relación con su perfil del presidente de la Corte, mencionan los datos.

Ingresos sin declarar

Otros datos señalan igualmente que el hijo del ministro de la Corte, Amílcar Fretes, habría ocultado a la Subsecreta­ría de Estado de Tributació­n (SET) más de G. 1.000 millones de ingresos por servicios profesiona­les en los últimos cinco años.

El viceminist­ro de Tributació­n, Óscar Orué, confirmó

días atrás a ABC que la SET detectó inconsiste­ncias en uno de los integrante­s del clan Fretes. Sin embargo, no brindó mayores detalles sobre de quién exactament­e se trataría.

“Se van entregando los informes que tenemos. En el ámbito de Tributació­n hay inconsiste­ncias; encontramo­s inconsiste­ncias en uno de los integrante­s. Esto es hasta el momento y es un trabajo que se continúa con

mi equipo”, había señalado.

Por otro lado, la Contralorí­a General de la República (CGR) anunció la apertura de revisiones de correspond­encia de bienes de Asdrúbal y Amílcar Fretes, además de sus respectiva­s parejas. Se investiga también la situación patrimonia­l del exsíndico Blas Velázquez Fernández y de su esposa, la jueza Clara Isasi, estos últimos parte de una rosca protegida por el ministro Fretes.

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Amílcar Fretes, hijo del ministro del Poder Judicial, firmó en setiembre del año pasado un contrato con el extraditad­o Kassem Hijazi.
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Antonio Fretes, presidente –con permiso– de la Corte Suprema, no justificó con documentos el origen de más de G. 1.300 millones.

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