Sacar al Ministerio Público del fango en que está hundido
Si un anterior fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, está siendo procesado desde 2019 por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, teniendo además prohibido de por vida ingresar en los Estados Unidos, su remplazante Sandra Quiñónez no entrará en la historia por haber logrado que el Ministerio Público represente a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, ya que su accionar transmite la sensación de que esta sometida a poderes fácticos que le indicaban lo que tenía que hacer.
La designación del nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, fue aprobada por los 43 senadores presentes en la sesión extraordinaria, lo que le daría la independencia necesaria para el buen desempeño del cargo, ya que no se creería forzado a retribuir favores a ciertos grupos político-partidarios por el apoyo recibido. Tiene toda la razón al afirmar que “hay que empezar ordenando la casa”, bastante deteriorada. Si “nuestro problema es la alta corrupción que conmueve a la sociedad”, el Ministerio Público no puede escapar a ella ni, en particular, a la infiltración del crimen organizado, que afecta a todas las instituciones, según el mismo presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que lo nombró, y otras altas autoridades.
A propósito de la desaforada corrupción, la ley orgánica del Ministerio Público le obliga, “especialmente”, a controlar y prevenir la de los funcionarios, formando equipos de fiscales especializados, y a desarrollar un programa permanente de participación social en el control de dicho flagelo. Si bien cuenta con una Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, es de toda evidencia que la impunidad es la regla y el castigo la excepción, en gran medida debido a la inoperancia de los agentes fiscales, algunos de los cuales llegaron al colmo de estar al servicio del usurero Ramón González Daher,
hoy por fin condenado. Tras la denuncia del propio Tribunal de Sentencia en tal sentido, se abrió una carpeta fiscal, de cuyos avances poco se conoce. Del programa de participación social no se tienen noticias, así como tampoco del estado de las pesquisas abiertas a ciertos peces gordos de la politiquería nacional, como el exjefe de Estado Horacio Cartes y el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
Entre las faltas punibles de los agentes fiscales figura la de “demorar indebidamente el despacho de los asuntos, ya sea por negligencia, por incumplimiento de las obligaciones legales o de las instrucciones”, lo que eventualmente concluiría en la caducidad de la acción penal, acaso no solo por una desidia intencional. “Ordenar la casa” supone también hacer cumplir la prohibición legal de que los agentes fiscales formen parte de un partido o movimiento político, violada impunemente por los 41 que votaron en las elecciones internas de junio de 2021.
Sin duda, hay mucho que hacer en el Ministerio Público para que sea digno de ganarse la confianza ciudadana:
lo esencial es que recupere su autonomía frente a los poderes políticos y fácticos, entre los que se destaca el crimen organizado en auge.
El fiscal general del Estado solo debe responder a la ley, algo que en nuestro país no resulta obvio, en absoluto. La impunidad reinante en cuanto a los hechos de corrupción no responde solo al prevaricato judicial, sino también a la venalidad, a la ineptitud o a la indolencia del Ministerio Público, siendo de recordar que quien lo encabeza, sus funcionarios, los empleados y los auxiliares administrativos son responsables por los hechos punibles, faltas y omisiones que cometan en el cargo: tienen una responsabilidad personal cuando por negligencia demoren el trámite de los procesos o de toda otra función.
Es necesario librar al Ministerio Público del fango en que está hundido por culpa de sus jerarcas y de los politicastros sinvergüenzas que los alzaron y los protegieron, en beneficio propio y en el de sus compinches. La autodepuración que debe impulsar el nuevo fiscal general del Estado debe ser acompañada por un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados mucho más riguroso, cuyo presidente se abstenga de impartir instrucciones a los agentes fiscales, como solía ocurrir.
Dignificar el Ministerio Público obedece al interés nacional de hacer realidad la igualdad ante las leyes, que mucho dependerá de que Emiliano Rolón respete las mismas y se haga respetar ante los previsibles intentos de tráfico de influencias o de soborno liso y llano, denunciando a sus autores como corresponde.