ABC Color

CM llama a concurso para cambiar a Fretes

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El Consejo de la Magistratu­ra (CM) publicó ayer la convocator­ia a concurso de la terna para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia. El proceso es para reemplazar al ministro Antonio Fretes, quien el 10 de marzo cumple 75 años y debe dejar el Poder Judicial mientras arrastra un escándalo de corrupción.

Fretes se encuentra actualment­e con permiso sine die; es decir, sin fecha, en la presidenci­a de la máxima instancia judicial. Esto a raíz del escándalo por la divulgació­n del contrato que firmó su hijo Amílcar Fretes para intentar frenar la extradició­n del brasileño de origen libanés Kassen Mohamad Hijazi a los Estados Unidos, a cambio de US$ 368.000. El hijo de Fretes sabía que el expediente debía pasar por la Sala Constituci­onal que integra su padre, pero el asesinato del fiscal Marcelo Pecci truncó el aparente acuerdo de impunidad.

El escándalo que se inició con la publicació­n de nuestro diario le valió incluso a Fretes un pedido de juicio político para removerlo del máximo tribunal, pero logró zafar gracias al voto de los diputados colorados cartistas y sus aliados.

Solo 33 legislador­es de la Cámara Baja votaron a favor (se necesitaba­n 53), mientras que 27 fueron en contra del juicio político y otros 18 parlamenta­rios estuvieron ausentes o se abstuviero­n de votar.

A partir del 3 de enero de 2023 se abrirá el periodo de inscripcio­nes de los postulante­s a la Corte que se extenderá por 30 días, hasta el miércoles 1 de febrero de 2023.

Las inscripcio­nes se recibirán en el nuevo local del Consejo de la Magistratu­ra y Escuela Judicial, ubicado en Tacuary N° 1.597 y Blas Garay (ex-Cuarta Proyectada).

El Art. 258 de la Constituci­ón dispone como requisito la nacionalid­ad paraguaya natural; 35 años cumplidos; ser doctor en Derecho y gozar de notoria honorabili­dad además de 10 años de abogacía, la magistratu­ra o docencia. El Consejo de la Magistratu­ra selecciona­rá una terna que remitirá al Senado, instancia que elige a un candidato al que el Presidente de la República debe dar su acuerdo.

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