Empresa inmobiliaria del clan Fretes no está registrada ante la Seprelad
Río Salado SA, la “poderosa” empresa del clan Fretes, no está registrada ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) pese a ser sujeto obligado al dedicarse a las actividades inmobiliarias. La compañía conectada al presidente –con permiso– de la Corte, Antonio Fretes, incluso tiene como cliente a la Fiscalía General del Estado. La firma mueve millones, siendo actualmente accionista de bancos, casa de créditos, empresa de seguros y agencia de cobranzas.
Constituida el 25 de febrero de 2013, Río Salado SA se ha convertido en la empresa cabecera del clan Fretes, cuyo referente es el ministro y presidente –con permiso– de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes. Esta firma nació con un capital de apenas G. 2.000 millones y a escasos dos años la cifra aumentó a G. 20.000 millones, siendo los principales aportantes –según los documentos– Lourdes Beatriz González Gómez y Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano, hijo del máximo integrante del Poder Judicial.
Los estatutos de la compañía describen como sus actividades la adquisición y/o administración de carteras
de créditos de terceros, efectuar inversiones, tomar participación en cualquier negocio o empresa, asesoría integral a emprendimientos agroganaderos y forestal, impacto ambiental, montaje y ensamblaje de complejos industriales, comercialización y venta de espacios publicitarios, promociones, consultoría personal y empresarial.
También está la comercialización de toda clase de inmuebles urbanos y rurales, alquileres, arrendamientos, así como su explotación por sí, por terceros o por cuentas de terceros y administración de bienes raíces.
Precisamente, ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Río Salado
SA está registrada con el rubro principal “actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”. Es decir, sus ingresos provienen del negocio inmobiliario, sector sujeto a las obligaciones establecidas en las leyes ALA/CFT (Antiavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo), específicamente la Ley Nº 3783/09 modificatoria de la Ley Nº 1015/97.
La legislación establece que las personas físicas como también jurídicas dedicadas a ese rubro deben estar registradas ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad). Sin embargo, la poderosa empresa del clan Fretes no figura en la nómina de los
sujetos obligados registrados, de acuerdo a las verificaciones realizadas a través del portal web de esta cartera de Estado.
Millones en movimientos
Río Salado SA es la empresa de la rosca que registra además multimillonarios movimientos de dinero en los últimos nueve años. La empresa figura con acciones por más de G. 10.000 millones, distribuidos en dos bancos –uno de ellos Banco Continental–, Patria SA de Seguros y Reaseguros, Negocios y Servicios SA, Itacuá Bienes Raíces, Carsa (Compañía Administradora de Riesgos), Ahoraité SA (casa de préstamos) y Tebicuary Campos & Hacienda
SA.
La compañía, igualmente, aparece con varios inmuebles bajo su nombre, varios de ellos en zonas privilegiadas de Asunción y con alto valor inmobiliario. A todo esto, se suman los millonarios depósitos bancarios y Certificados de Depósito de Ahorros (CDA).
El volumen de dinero en efectivo que maneja la empresa incluso obligó en 2019 a un banco de plaza a suspenderle sus operaciones porque se desconocía el origen. El 19 de noviembre de 2018, Río Salado SA abrió una caja de seguridad en el banco Continental, siendo el primer beneficiario el presidente –con permiso– de la Corte,