Congreso cajoneó ley que evita dar aumentos en años electorales
El viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche, lamentó ayer que el Congreso haya cajoneado el proyecto de ley que busca evitar aumentazos en años electorales y que se excluya a leyes contra el despilfarro.
El viceministro Marco Elizeche confirmó ayer que por cada G. 100 que la ciudadanía paga en impuestos, G. 90 terminan en gastos rígidos. Entrevistado en ABC Cardinal, indicó que parte de la culpa de esta situación es que el Congreso haya concedido numerosos aumentos bajo la presión del “año electoral”.
El funcionario agregó que desde abril último alertaban que el año electoral daría más “incentivo” a los parlamentarios para elevar salarios y aumentar las contrataciones.
Por ello, dijo que la Cartera de Hacienda presentó un proyecto de ley para impedir el incremento del gasto rígido y salarios en ejercicios con periodos proselitistas. “Eso ni siquiera se considero en el debate parlamentario”, lamentó.
Elizeche recordó que dicho proyecto sigue en estudio del Congreso y urgió su tratamiento. “Ojalá lo traten ahora que terminan las elecciones para que quede como un legado y para que el siguiente gobierno tenga esa cobertura”, recalcó.
Indicó que lo recomendable es evitar dichos aumentos y discutirlos después de los comicios, “en un ambiente sin presiones”.
También calificó de “complicada” la aplicación de otras leyes que buscan impedir el despilfarro. Indicó que con la ley de responsabilidad fiscal, la misma rige pero los poderes Legislativo y Judicial fueron excluidos de ella.
Dijo que lo mismo ocurre con la ley de racionalización del gasto público y del proyecto de ley del servicio civil (función pública).
“Tiene que regir para todos o no tiene sentido”, finalizó el citado viceministro.
Elizeche hacía alusión a que en noviembre último, la Cámara de Senadores aprobó un artículo dentro del proyecto de ley de presupuesto 2023, que nuevamente excluye al Poder Legislativo y al Poder Judicial, así como a los organismos auxiliares de justicia, del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley de la función pública y en la ley de racionalización de gastos, para realizar nombramientos, contratación de personal
y promociones de cargos. La ley Nº 6622/2020 es la que busca la racionalización del gasto público.