Cámara Alta deja en agenda plan de carrera civil y rotación de ministros
El Senado dejó para el año que viene importantes y polémicos proyectos de ley que serán tratados al reinicio de las actividades parlamentarias, que está previsto suceda el 1 de marzo de 2023. Entre aquellos planes de ley está el de reforma de la carrera civil, de la rotación de ministros de la Corte Suprema en las circunscripciones judiciales y la derogación de la donación de la Unión Europea (UE).
Varios de los proyectos de ley ya no fueron tratados en el cierre del periodo de sesiones a causa de los comicios internos partidarios. Con el “abrazo republicano” entre el oficialismo y el cartismo se verá qué posición asumen con respecto a los temas que quedaron en agenda para el año próximo.
El Poder Ejecutivo, el 21 de octubre de este año, en plena campaña electoral, remitió a la Cámara Alta un prometedor plan de ley “De la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil” que no llegó a ser dictaminado por las comisiones.
La norma, que cuenta con 156 artículos, busca sanear la función pública. Establece que el funcionario adquiere la estabilidad laboral con las siguientes condiciones: Haber ingresado por concurso público de oposición, haber cumplido al menos cuatro años ininterrumpidos de servicio en la función pública, además de aprobar un examen de conocimientos específicos a su función a los cuatro años de su ingreso en la carrera del servicio civil.
Rotación de ministros
En una de sus últimas sesiones del año, el Senado no llegó a tratar por falta de quorum el proyecto de ley de rotación obligatoria de superintendencias en la Corte. La comisión de Legislación había recomendado aceptar las modificaciones introducidas por Diputados para sancionar la norma.
El proyecto de ley que modifica el artículo 8º de la Ley Nº 609/1995 “que organiza la Corte Suprema de Justicia”, limita a un máximo de dos años el plazo que un ministro de Corte puede estar al frente de una circunscripción judicial, eliminando los “feudos”.
El oficialismo y sus aliados frustraron la intención de los cartistas de sancionar el proyecto de ley que pretende derogar el convenio de financiación de la Unión Europea destinado a la educación. El proyecto de ley, con media sanción de Diputados, fue utilizado como bandera de la campaña proselitista del movimiento Honor Colorado.
De levantarse el apoyo económico de la Unión Europea, en 2023 quedarían sin kits escolares 75.000 alumnos y sin vauchers para útiles otros 47.000 bachilleres. También faltarían 4 meses de almuerzo para 45.000 estudiantes, según había señalado el director de administración y finanzas del MEC, Óscar Stark.
Tren de cercanías
En su última sesión extraordinaria antes del receso parlamentario, el Senado intentó dar media sanción al cuestionado proyecto de ley para la implementación del tren de cercanías, tramo Asunción-Ypacaraí, pero finalmente no prosperó.
El pleno del Senado no alcanzó los números para constituirse en comisión y dictaminar el proyecto de ley que luego fue postergado para el mes de marzo, inicio del receso parlamentario. En el último ajuste del proyecto, el texto propone una contratación directa sin un proceso licitatorio, además que la “subconcesión” comprenderá únicamente el tramo respectivo entre las ciudades de Asunción y Ypacaraí.
Entre las propuestas legislativas que también quedaron sin ser tratadas figura el proyecto de ley de protección a fiscales que investigan el crimen organizado. La norma, que surgió como consecuencia del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, cuenta con aprobación de Diputados y, pese a que ya fue remitida al Senado el 25 de octubre, cerró el periodo de sesiones sin tener dictamen de comisiones.
IPS
En octubre pasado, el pleno del Senado postergó por falta de acuerdo en la redacción final del proyecto de ley “De Gobernanza del Instituto de Previsión Social (IPS)”, que no cuenta con dictamen de comisiones, pese a que fue presentado el 11 de noviembre de 2020.
El proyecto plantea varias modificaciones, entre ellas separar la administración de los fondos de jubilaciones y pensiones, por un lado, y, por el otro, la de salud. También que los directores que administrarán estos fondos sean designados con un concurso de oposición.