Primera prueba de fuego para el Presidente en 2023
El año nuevo siempre es propicio para evaluar lo hecho y acontecido en el lapso que se deja atrás, pero, sobre todo, para pensar en lo que viene por delante, aprender de los errores, recapitular objetivos, plantearse nuevas metas y disponerse a cumplirlas con decisión y fuerza de voluntad. Si esto es válido para todos, lo es mucho más para un ciudadano en particular que asumió altas responsabilidades y compromisos con la República. En este inicio de 2023, Mario Abdo Benítez debe reflexionar cuidadosamente si va a ser el Presidente de todos los paraguayos en los próximos meses y en lo que todavía le queda de mandato, tal como lo juró ante Dios y ante la Patria,
o si va a convertir su gobierno en un PC del Partido Colorado.
El país necesita imperiosamente que ocurra lo primero, porque hay tareas impostergables que requieren toda la atención del Gobierno y porque el Estado paraguayo ya no soporta más presiones después de las tremendas a las que ha sido sometido durante este período gubernamental. Las finanzas públicas han sido llevadas a un punto límite, y si no se hacen urgentes ajustes y reformas, todo el peso recaerá sobre el conjunto de la población, que inevitablemente tendrá que aportar más impuestos para solventar la disparada del gasto público, sin que ello se refleje en mejores contraprestaciones de servicios estatales, y/o sufrir una mayor pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos como consecuencia del desequilibrio monetario. De una manera o de otra, alguien pagará la cuenta, y ese alguien siempre termina siendo Juan Pueblo.
La primera prueba de fuego para saber de qué lado se pone el Presidente será la decisión que adopte frente al inflado y desfinanciado Presupuesto General de la Nación que alegremente sancionó el Congreso para este ejercicio. Si lo veta parcialmente, específicamente en lo referente a los aumentos y “recategorizaciones” salariales que se aprobaron de contramano con la delicada situación fiscal, entonces estará gobernando y actuando como corresponde. Pero si lo promulga, a sabiendas de las consecuencias, contra las recomendaciones de sus propios organismos técnicos, entonces sabremos que su estrecha visión es solo contentar a pequeños grupos de presión tradicionalmente afines a su partido en tiempo electoral y darle la espalda a todo el resto de la ciudadanía.
El Presupuesto 2023, con un gasto previsto ¡de 14.844 millones de dólares!, incorpora de antemano el déficit máximo del 2,3% del PIB que se había puesto como meta para todo el año dentro del cronograma de convergencia que supuestamente se había acordado entre las fuerzas políticas para retornar al tope del 1,5% del PIB en 2024, después del descalabro financiero provocado por las leyes de emergencia y por el fenomenal derroche que ha habido con la excusa de la pandemia. A esto hay que sumarles las consabidas ampliaciones presupuestarias y los ineludibles imprevistos del año, por lo que todos saben que dicha meta probablemente no se va a cumplir y, si se cumple, solo podrá ser a costa de más recortes en inversiones y programas prioritarios para la gente, nunca a costa de los beneficios de la clientela.
Pero la gran diferencia en esta oportunidad es que ya ni siquiera hay margen para hacer esos recortes . El problema del Presupuesto no es únicamente el monto total y el déficit incorporado, sino el enorme componente de gastos rígidos, que la mayoría parlamentaria agravó mucho más con irresponsables “reasignaciones” para salarios y bonificaciones, con efectos permanentes y progresivos en la hacienda pública.
Los gastos fijos (remuneraciones, jubilaciones y servicio de la deuda) ya consumen el 90% de los recursos del Tesoro, prácticamente no sobra para nada más. Todo el resto, incluyendo infraestructura, mantenimiento, insumos, necesarios para el desarrollo nacional y los servicios a la ciudadanía,
debe financiarse básicamente con más endeudamiento, lo que se ha convertido en una gigantesca bola de nieve.
Como prueba basta un botón. Las autoridades del Ministerio de Educación han declarado que “no hay dinero” para poner en condiciones las escuelas, pese a que el MEC tiene un presupuesto de más de 1.000 millones de dólares, sin contar los recursos del Fonacide que se ejecutan a través de gobernaciones y municipalidades.
El Presidente de la República es el administrador del Estado, nadie más lo es, porque el Ejecutivo es constitucionalmente un poder unipersonal, es decir, ejercido por una sola persona. Como tal, puede delegar funciones, pero la responsabilidad de esta crítica situación es solo suya, como también lo es su obligación de poner la casa en orden y tratar de entregarla en las mejores condiciones posibles, proteste quien proteste, sea del partido que sea.