El acueducto es una burla a los chaqueños
El 13 de junio de 2022, el Presidente de la República habilitó el reservorio de Mariscal Estigarribia que lleva al Chaco central el agua del río Paraguay. Poco después, la rotura de caños y otras fallas en la zona de extracción de Puerto Casado
obligaron a interrumpir hasta la segunda mitad de agosto la provisión del vital líquido a los reservorios de Loma Plata, Filadelfia, Neuland y Mariscal Estigarribia: en el ínterin, se perdieron cultivos, se apeló al acarreo del agua y se pidió que el departamento de Boquerón sea declarado en emergencia.
La historia se repitió el último 23 de diciembre debido a una nueva rotura de tubos en la misma zona de extracción, que aún no ha sido reparada por culpa de las lluvias, según alega la estatal Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap), pero ayer, durante unas pruebas, los caños volvieron a colapsar. Habrá que extraer los caños, repararlos y volverlos a enterrar para el bombeo hasta Loma Plata, todo lo cual costaría “mucho tiempo” y, desde luego, dinero. Desde un principio, esta obra esencial para el desarrollo chaqueño ha estado plagada de percances muy graves, como resultado de la negligencia, la ineptitud y –seguramente– la consabida corrupción, cuyas consecuencias están sufriendo también 85 comunidades indígenas. Es increíble que este tipo de cosas continúen ocurriendo en las obras públicas, y como siempre ocurre, al final no habrá culpable alguno. Total, allí está el bolsillo de Juan Pueblo.
Haciendo un poco de historia, los trabajos debían haber empezado en noviembre de 2012 y concluido el 15 de agosto de 2013, a un costo de 50 millones de dólares: se iniciaron recién en octubre de 2013 y culminaron nueve años más tarde. En 2020, el costo ya se había elevado a 130 millones de dólares,
provenientes, en parte, de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es presumible que, a estas alturas, haya vuelto a subir notablemente. Con toda evidencia, las obras no fueron construidas ni fiscalizadas como corresponde, sin que hasta hoy Enrique Salyn Buzarquis, Ramón
Jiménez Gaona y Arnoldo Wiens, que estuvieron al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) entre 2012 y 2022, hayan dado cumplidas explicaciones por los desperfectos, los retrasos y los sobrecostos. Solo fue sancionada, con la rescisión del contrato, la firma brasileña Edra Saneamento, porque los fiscales de obras aceptaban y aceptan trabajos mal realizados, con suma demora y con el empleo de materiales de pésima calidad.
Ya es hora de que, al menos, el actual ministro
Rodolfo Segovia se digne poner todas las cartas sobre la mesa, para que se deslinden responsabilidades que bien podrían ser de carácter penal. Curiosamente, siendo senador desde 2013 hasta 2018, Arnoldo Wiens presentó al menos tres pedidos de informes al Poder Ejecutivo, con respecto a la enorme demora en la terminación de las obras y el destino de los 3.092.035 dólares entregados al Gabinete del ministro Jiménez Gaona para la continuación del acueducto. Pero tras hacerse cargo del MOPC, no encontró motivos para denunciar tan siquiera una falta administrativa, de modo que prosiguieron las chapucerías, los retrasos y los encarecimientos.
Es probable que este emprendimiento, tan vergonzoso como el del metrobús, haya tenido efectos menos lamentables si en 2010 el Poder Ejecutivo no hubiera vetado parcialmente el proyecto de ley que permitía a la sociedad civil construir sus propios acueductos, mediante la figura jurídica de la servidumbre de paso: es que la comparación podía revelar la ineficiencia estatal frente a la iniciativa privada en la que la supervisión de los trabajos, de los gastos y del cronograma hubiera sido mucho más severa, porque las consecuencias negativas habrían afectado directamente a los particulares.
Es preciso hacer conocer el rigor de la ley a los autores de esta afrenta a la ciudadanía y, en especial, a unos ochenta mil chaqueños, expuestos, periódicamente, a sufrir la falta de agua potable por culpa de un miserable contubernio público-privado.