ADN determinó condena por muerte de Teresa
La joven Teresa Edith Lichi Riveros era una estudiante de 20 años de edad de la carrera de kinesiología. Ella vivía en el distrito de Coronel Martínez y diariamente se trasladaba unos 20 kilómetros para asistir a sus clases en la Universidad Católica, en la sede ubicada en la ciudad de Villarrica, capital de Guairá.
En ese tiempo ella mantuvo una relación con el abogado Guillermo Saúl Duarte Villalba, que terminó en marzo de 2012. Aparentemente el hombre no aceptó esa ruptura e intentó volver con ella en reiteradas ocasiones, pero sin éxito.
Un mes después de dicho rompimiento, el 17 de abril de 2012, Teresa Lichi salió como de costumbre de su casa con destino a la universidad. Sin embargo, no regresó a su domicilio esa noche. Tras esa situación, la familia comenzó a desconfiar de su expareja Guillermo Duarte, pero este solo decía que perdió contacto con ella.
Trabajar en la Capital
Es más, Duarte, al ser increpado por la familia e interrogado por la Policía, había dicho que en el único contacto que tuvo con la joven esta le había manifestado su intención de ir a trabajar a Asunción y que luego ya no volvieron a hablar.
A los parientes de la muchacha esa versión les pareció poco creíble, pues ella estaba muy dedicada al estudio de la carrera que había elegido.
El 7 de julio del año 2012, tres meses después de la desaparición de Teresa Edith Lichi Riveros sucedió algo que cambió el rumbo del caso, pues en el establecimiento del ciudadano Herminio González Cristaldo, ubicado en Ñumí (Guairá), su esposa, Norma Escobar, encontró unos huesos al costado del arroyo cuando fue a buscar su ganado en la zona.
La pareja dio aviso a la policía y con intervención de la fiscalía fueron juntados varios huesos más, entre ellos un cráneo al que le faltaba la mandíbula.
Esos restos óseos fueron suficientes para la prueba de ADN cuyo resultado fue la correspondencia con Teresa Lichi Riveros.
En medio de la investigación
se confirmó que los huesos llegaron al sitio donde fueron encontrados arrastrados por el agua del arroyo que pasa por la propiedad de González, desde un inmueble perteneciente al entonces
sospechoso Guillermo Duarte.
Esos nuevos elementos posibilitaron su detención como posible responsable
del homicidio y más tarde a que sea condenado a 23 años de prisión, sentencia ya ratificada por la Corte Suprema de Justicia.