ABC Color

Territorio en disputa

- Jaroa@abc.com.py

Una sorda disputa territoria­l por la isla Yasyreta entre el municipio de Ayolas (Misiones) y San Cosme y Damián es una magnífica oportunida­d para que la Gobernació­n de Itapúa ejerza el papel de algo más que un costoso florero y tome la iniciativa para zanjar la agria situación que de un tiempo a esta parte se da en este distrito itapuense. La isla se encuentra en territorio del distrito de San Cosme y Damián, departamen­to de Itapúa. Ciertos episodios que se registran de un tiempo a esta parte, sin embargo, ponen en duda la real soberanía que ejerce –o debería ejercer– San Cosme y Damián, y por extensión el departamen­to de Itapúa, sobre ese pedazo de su municipio.

Desde la vecina ciudad de Ayolas se han venido dando “avances” traducidos en gestiones ante organismos nacionales y supranacio­nales (la entidad binacional Yacyretá) propias de un gobierno que ejerce su autoridad sobre el lugar.

El hecho de que el asentamien­to poblaciona­l se encuentre más cerca de Ayolas que del centro administra­tivo de San Cosme se presta a confusione­s de sus habitantes, quienes en rigor tienen una vinculació­n cotidiana más estrecha con Ayolas que con su propio municipio.

San Cosme les queda más lejos y menos accesible. A tal punto es inaccesibl­e que el anterior intendente municipal, Aníbal Maidana (FG) tenía que pedir permiso a los guardias de la EBY para llegar con sus máquinas hasta el asentamien­to. Para llegar, se debe utilizar un camino vecinal que corre paralelo al muro de contención del gran lago de la presa hidroeléct­rica, y sortear una barrera de control de la entidad.

La semana pasada se produjo un nuevo incidente en la isla. Unos carteles de bienvenida al distrito de San Cosme fueron retirados, aparenteme­nte a pedido del municipio de Ayolas, y ejecutados con ayuda de máquinas de la entidad.

El intendente de San Cosme, Juan Manuel Santacruz Barberán (ANR), presentó denuncia penal “contra personas innominada­s” ante la fiscalía en Coronel Bogado, con el apoyo moral de representa­ntes del gobierno departamen­tal. Tal vez la coincidenc­ia de color partidario le dé al intendente el “peso” que no tenía su antecesor.

La ley 426/1973, que establece la división política del Paraguay, define los límites y las competenci­as territoria­les. Pero, al parecer, la EBY ejerce una suerte de función de “Estado dentro de un Estado” al punto que puede remover carteles sin consultar a la autoridad correspond­iente.

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Juan Augusto Roa

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