ABC Color

Entregarán cárceles nuevas en próximos meses, dice el MOPC

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El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaci­ones (MOPC) informó que las tres nuevas penitencia­rías que se están construyen­do, las que correspond­en a los lotes 1 y 2 del contrato, ubicadas en Emboscada (Cordillera), serán entregadas a fines de marzo al Ministerio de Justicia; mientras que la del lote 3, en Minga Guazú (Alto Paraná), en mayo próximo.

De acuerdo con los datos de la cartera de Estado, en las tres penitencia­rías ya fueron terminadas las obras civiles y se trabaja en las conexiones de agua potable y de otros servicios. Sin embargo, nada cita sobre los retrasos, los sobrecosto­s y si hubo sanciones a las firmas contratist­as por las demoras.

“Las construcci­ones constan de 8 bloques, de los cuales 7 son para celdas comunes y 1 pabellón de máxima seguridad. Además, cuentan con talleres y aulas, un sector deportivo, comedor, etc. Cada penitencia­ría tendrá una capacidad para 1.235 reclusos”, informó la institució­n.

Empero, lo cierto es que los establecim­ientos todavía deben ser equipados por el Ministerio de Justicia para poder trasladar allí a las personas privadas de libertad, de manera a descongest­ionar las superpobla­das prisiones del país. Mientras tanto, los imponentes bloques que fueron erigidos seguirán siendo penitencia­rías “fantasmas” y todavía no cuentan ni con cámaras de seguridad.

Las construcci­ones debían estar culminadas hace dos años, pero hasta ahora solo se registran retrasos y sobrecosto­s. En este sentido, las obras fueron adjudicada­s en junio de 2019 a tres consorcios en tres lotes por G. 192.423 millones, pero este precio ya subió a G. 229.907 millones (US$ 31,6 millones), es decir, G. 37.484 millones más (US$ 5,1 millones al cambio actual).

Según los documentos, el lote 1 de Emboscada fue otorgado a la firma Aponte Latorre (representa­da por Osvaldo Aponte). El lote 2, también un pabellón para Emboscada, está a cargo del Consorcio Cordillera, representa­do por Emilio Díaz de Vivar, e integrado por Edivi SA y Constructo­ra Heisecke SA.

Por último, el lote 3, la cárcel de Minga Guazú, fue adjudicado al Consorcio AGB-Tocsa SA (representa­da por Sara María Blanco de Dose).

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Las encarecida­s cárceles del MOPC todavía no cuentan ni con cámaras de seguridad.

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