El bochorno del JEM avergüenza a los paraguayos y enloda el nombre del país

Es francamente intolerable que dos legisladores, sobre quienes pesa la fuerte sospecha de que sus respectivos títulos académicos de abogado son de contenido falso, sigan integrando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), esto es, el órgano que encausa a los camaristas, a los jueces, a los agentes fiscales, al defensor general, a los defensores adjuntos y a los defensores públicos, por la comisión de hechos punibles o el mal desempeño de las funciones. Todo indica que el senador Hernán Rivas (ANR, cartista) y el diputado Orlando Arévalo (ANR, cartista) jamás debieron haberlo integrado y hasta presidido, por lo menos hasta que se dilucide su dudosa situación.

Entrevistado por la prensa, el primero –hoy imputado por los delitos de producción mediata y uso de documentos de contenido falso– fue incapaz de nombrar a un solo compañero o profesor que haya tenido en la Facultad de Derecho de la Universidad Sudamericana; en tanto que el segundo –actual presidente del JEM– habría sido examinado un Jueves Santo y un 15 de agosto –días feriados– en la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Leonardo da Vinci, con sede en Lambaré, logrando la nota más alta en Ética Profesional, justamente. Uno de sus cinco profesores para más de 60 materias (!) habría sido Juan Clemente Bareiro,

un licenciado en Psicología: fue el único que declaró ante la agente fiscal Patricia Sánchez, quien pidió la desestimación de la denuncia penal, basada también en los dichos de dos supuestos excompañeros del diputado, que tiene a su yerno Juan Ignacio Doldán

como “asistente” en la Cámara Baja. Es decir, la aparición de “testigos” del actual titular del JEM, antes que certezas, aporta más bien serias dudas.

En ambos casos, la cuestión sigue abierta, siendo de temer que la incertidumbre se prolongue notablemente. Entretanto, Hernán Rivas, el mismo que balbucea al leer en voz alta, seguirá gozando de un permiso como miembro del JEM y Orlando Arévalo

teniendo el honor de encabezarlo, pese a todos los indicios que los afectan. Si resultara que, en efecto, ambos no son abogados, las sentencias en cuya emisión hubieran intervenido, probablemente serán cuestionadas por los afectados por sus fallos, en beneficio –incluso– de quienes hayan sido sancionados en buena ley. Resulta escandaloso que estos legisladores, que distan de brillar por sus dotes morales e intelectuales, integren un órgano de esencial importancia para la correcta administración de justicia. Tan escandaloso como el hecho de que el exsenador Enzo Cardozo haya formado parte del Consejo de la Magistratura estando procesado por el delito de lesión de confianza, por el que terminó siendo condenado.

El Congreso tiene 125 miembros, pero parece que resultó imposible hallar entre ellos dos senadores y dos diputados que fueran en verdad abogados para representarlos en el JEM, quizá porque el carnet partidario y la condición de pertenecer a cierta corriente colorada limitaron mucho las opciones. Desde ya y tal como se ven las cosas, ni Rivas ni Arévalo gozan de autoridad personal para juzgar a nadie y menos aún a miembros de la administración de justicia. Seguirán integrando el órgano extrapoder, pero ya han perdido el predicamento que para ello se requiere, si es que alguna vez lo han tenido. La Ley Nº 6184/21 dice que los senadores y diputados que integran el JEM están sometidos,

en el caso de la comisión de delitos o de mal desempeño de funciones, al procedimiento constitucional para la amonestación o apercibimiento y para la pérdida de investidura.

Habrá que ver cómo se dilucidan las graves cuestiones planteadas en torno a estos dos integrantes de un JEM que debe gozar de una honorabilidad indudable. Es necesario que sus respectivos casos sean resueltos cuanto antes, dado que el diputado Arévalo ni siquiera ha tenido la decencia de pedir permiso, como lo hizo, aunque muy presionado por la opinión pública, el senador Rivas. La credibilidad de ambos es bajísima, así que mal podrían impartir justicia.

Como no cabe esperar que los interesados tengan la dignidad de dar un paso al costado, resta que la judicatura se apresure a resolver estos casos que avergüenzan a los paraguayos y enlodan el nombre de nuestro país.