Barchini urge sancionar ley del agente penitenciario
El ministro de Justicia, Ángel Barchini, acudió ayer al Senado para abogar por la aprobación del plan ley del agente penitenciario, que será tratado en sesión extraordinaria el 15 de febrero. El ministro no tomó con agrado las propuestas de modificación,
El presidente de la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores, Derlis Maidana (ANR, HC), fue el anfitrión de la reunión realizada ayer con presencia del ministro de Justicia, Ángel Barchini, y varios de sus colaboradores para debatir sobre el proyecto de ley del agente penitenciario, que ya cuenta con media sanción de los diputados y que figura para su estudio en el segundo punto del orden del día de la sesión extraordinaria del Senado que fue convocada para el jueves 15 de febrero a las 9:00.
Los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) –que también fueron convocados para dar su parecer– hicieron propuestas de modificación al proyecto de ley, sobre todo para adecuarlo ya a la reciente ley sancionada que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones y acerca de otros aspectos presupuestarios.
Atendiendo a que el proyecto plantea regímenes especiales de jubilación, por ejemplo para casos de discapacidad por lesiones en el ejercicio de funciones y también
un seguro médico incluso para los jubilados, los funcionarios del MEF sugirieron incluir en la ley al menos una consideración para que la Superintendencia de Jubilaciones otorgue su parecer.
“Todo lo que moleste, quitemos.
Tengo más o menos, los más buenitos, aproximadamente unos 5.000 altos criminales, delincuentes, que no tienen posibilidad de reinsertarse
y van a seguir delinquiendo desde las cárceles porque la Comisión todavía no está conformada, o porque la burocracia, o la firma...
Yo necesito esto para ayer señores”,
dijo Barchini. Aunque no descalificó las recomendaciones, se mostró molesto por el hecho de que incluir cambios implicará que regrese a la Cámara de Diputados y se dilate la sanción.
La urgencia alegada por Barchini se refiere a que dicho plan principalmente propone igualar a los agentes penitenciarios con las fuerzas públicas (policías y militares) en el sentido de volverlos no deliberantes.
Es decir, estarán impedidos por ley a realizar huelgas u otras medidas de fuerza. También se establece un régimen de ascenso por calificaciones.