La jugada de Santi

En una jugada que habrá requerido buena planificación, el presidente de la República, Santiago Peña, creó un problema y vendió la solución: propuso despojar a los intendentes municipales, base electoral indispensable de los grandes partidos políticos, de los recursos que les proveía la Ley 4758/12 (Fonacide) mediante su proyecto “Hambre cero”, y cuando logró la unánime oposición de los jefes comunales, les ofreció a todos no solamente todos los recursos que había propuesto arrebatarles sino muchos más

mediante una modificación constitucional del artículo 169 de nuestra Carta Magna.

El artículo 169 de la Constitución dice que “Corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa. Su recaudación será competencia de las municipalidades. El setenta por ciento de lo recaudado por cada municipalidad quedará en propiedad de la misma, el quince por ciento en la del departamento respectivo y el quince por ciento restante será distribuido entre las municipalidades de menores recursos, de acuerdo con la ley”.

La propuesta presidencial de modificación es que el cien por ciento del impuesto inmobiliario quede para los municipios.

Es obvio que la propuesta resulta atractiva para comunas que tienen graves problemas financieros, y para las demás también, desde que la transferencia a gobernaciones y al Gobierno central siempre fue un disgusto para los intendentes, aún cuando la reserva del impuesto inmobiliario para ellos tiene la misma “edad” que la transferencia, o sea que antes de la Constitución de 1992 carecían de ese beneficio.

Con esto, el Presidente logra un “campo de simpatía” con la base electoral del país, con la idea o el plan de abrir una rendija en la dura resistencia social a tocar nuestra Constitución que tan bien está funcionando y que ha logrado frenar exitosamente y sin rupturas institucionales los intentos que hubo de violarla para perpetuar en el poder a presidentes como Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo y Horacio Cartes, quienes pretendieron la reelección vía enmienda.

El artículo 290 de la Constitución establece que “No se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos a las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado, o las disposiciones de los Capítulos I, II, III y IV del Título II, de la Parte I”.

En principio, el “caramelo” presidencial consistiría en una enmienda y no en una reforma, por encontrarse el artículo 169 fuera del área reservada a la reforma, y esto puede, eventualmente, desarmar incluso a los intendentes que estén más alertas sobre la integridad de la Constitución.

Pero nadie debería olvidar que Nicanor, Lugo y Cartes usaron un malicioso dictamen de Juan Carlos Mendonca (padre) para intentar por la vía de la enmienda lo que la Constitución reserva para la reforma, la reelección presidencial.

Y algunos abogadillos de menor renombre corrieron a recoger migajas que quedaron en el camino trazado por Mendonca, pretendiendo con sus absurdos cimentar el propósito de perpetuación de los mencionados expresidentes.

Hay que señalar que la jugada de Santiago Peña fue puesta pronto, afortunadamente, a la vista de la opinión pública mediante las reflexiones que sobre la situación hicieron el gobernador de Central,

y la diputada por Asunción

Ricardo Estigarribia, Johanna Ortega, enseguida evidenciaron los riesgos de la movida presidencial.

que

Los intendentes no deberían caer en la tentación que les ofrece el Presidente de la República: nuestra Constitución, que tiene defectos ciertamente, tiene una virtud superlativa que hay que cuidar, la de haber logrado un equilibrio de poderes, desde los fácticos hasta los formales, que garantiza la supremacía del pueblo y el régimen de libertades ,ylo prueba que los paraguayos nos hemos beneficiado bajo su imperio del más largo periodo de libertad, estabilidad y prosperidad de toda nuestra historia.

No hay que tocar la Constitución, ni aunque la promesa sea el cielo.