Se debe poner fin a la ruindad institucionalizada en el transporte
El pésimo transporte público de pasajeros en la Gran Asunción, subsidiado desde 2011 por los contribuyentes de todo el país, es un drama nacional que solo puede persistir debido a la complicidad de las autoridades competentes con los sujetos obligados por la ley y el contrato de concesión a prestar un servicio público de buena calidad. Los buses deteriorados, que no circulan con una frecuencia regular, sobre todo cuando sus dueños apelan al chantaje impune de las “reguladas”, en especial cuando quieren conseguir alguna nueva ventaja, son un suplicio para los usuarios que viajan apiñados o deben aguardar mucho tiempo para tomar alguno de los pocos colectivos.
El Viceministerio de Transporte –hoy dirigido por Guido Benza– no hace mayores esfuerzos para cambiar la lamentable situación en el sector, hasta el punto de que los propios choferes de los concesionarios se sumaron a la manifestación realizada ayer por la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), para exigir mayores frecuencias y la implementación del boleto estudiantil durante el periodo lectivo, previsto en la Ley N° 2507/06: los conductores protestaron porque los “empresarios” no acreditan el cumplimiento de sus obligaciones ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ni ante el Instituto de Previsión Social, dos de los varios requisitos para el cobro mensual del subsidio. Otro es de carácter general y atañe a una cuestión de fondo, es decir, al cumplimiento de los niveles de servicio fijados por el Gabinete del Viceministro de Transporte, comprobado por la constancia de rendimiento operativo del mes de subsidio solicitado, según se lee en el decreto antes referido.
Tal como se ven las cosas desde hace largos años, o esos niveles de servicio son muy bajos o las comprobaciones brillan por su ausencia. Lo cierto es que la inspección técnica vehicular, a realizarse mensualmente, pasa por alto el deplorable estado de los buses. El incumplimiento de estos y otros requisitos es castigado con la pérdida del derecho al subsidio por el mes o meses en los que se verifique; cuando es sistemático, como suele acontecer, debería conllevar que la concesión sea cancelada. El Código Penal sanciona con hasta cinco años de prisión o con multa a quien omita entregar datos relevantes a la autoridad competente para otorgar una subvención y a quien los entregue siendo falsos o incompletos. Alguna multa que se suele aplicar esporádicamente no está acorde con la gravedad de la situación general.
Si el Viceministerio de Transporte fuera meticuloso en la cuestión del billetaje electrónico, por ejemplo, podría denunciar ante el Ministerio Público numerosos hechos punibles de “adquisición fraudulenta de subvenciones”, aparte del que denunció en marzo del año pasado, contra personas innominadas, basado en un video que mostraba a un chofer validando el billetaje electrónico para que el subsidio fuera cobrado en forma indebida; hasta la fecha,
nadie ha sido imputado.
Aquí hay mucho dinero público en juego, según se desprende de que en 2023, el Estado entregó a los desvergonzados transportistas de la Gran Asunción nada menos que 332.550 millones de guaraníes (46 millones de dólares), quintuplicando casi el desembolso de 2020; esa suma fue fijada a ojímetro, o sea, sin conocerse los ingresos que se necesitarían para cubrir los costos del servicio, de acuerdo a la tarifa técnica.
La notoria irresponsabilidad, por decir lo menos, debería ser objeto de un examen especial de la Contraloría General de la República: desembolsar un monto multimillonario sin tener a la vista datos ciertos, exigidos por las normativas en vigor, supone jugar con el dinero de todos, un malgasto intolerable al que se debe poner fin cuanto antes.
Es hora de revisar todo el sistema del subsidio, podrido por culpa de sus protagonistas de los sectores privado y público, coaligados contra el interés general. La irritante historia se repite una y otra vez: se roba al erario y se maltrata al pasajero, desde hace mucho tiempo, sin que se tomen las medidas saneadoras que exigen la decencia y el sentido común.
Al actual Gobierno nada se le ocurre hasta ahora, como si el problema fuera insignificante, quizá porque sus altos miembros –al igual que los de anteriores gobiernos– no se ven forzados a subir cada día a un ómnibus y a experimentar así las vivencias corrientes de los conciudadanos. Deberían ponerse al nivel de los “comunes” y experimentar sus sufrimientos, o de lo contrario nos dirán que el transporte público está a la altura de los países europeos y que los problemas en esa área disminuyeron en un 75 por ciento, o quizás hasta un 100 por ciento.
Más temprano que tarde, se debe poner fin a esta