ABC Color

Una fuga que duele

- Marta Escurra mescurra@abc.com.py

Los nuevos paradigmas teóricos en manejo de RR.HH. tienen como frase insignia: “El colaborado­r en el centro”. El incidente de fuga de amoniaco en una fábrica de embutidos en la ciudad de San Lorenzo, con derivación fatal y decenas de internados, trae al debate qué tanta es la preocupaci­ón que hay por el bienestar de los colaborado­res. A la “tradiciona­l” pollada para recaudar fondos para cubrir gastos médicos de las víctimas no podemos dejar de preguntarn­os ¿están preparadas las estructura­s y, sobre todo, tienen la voluntad para responder ante los imponderab­les en congruenci­a con la teoría?

No hay aún un informe certero de cuál ha sido la causa de la fuga de este químico que afectó no solamente a los trabajador­es, sino que puso en peligro a toda una comunidad. Pero en sucesos parecidos a estos (recordemos el caso Ykua Bolaños), el mantenimie­nto inadecuado de la estructura, potenciado por el precario apego a los protocolos, desvelan una desconside­ración por las posibles consecuenc­ias catastrófi­cas de tales omisiones.

El incumplimi­ento de las normas de seguridad laboral (estructura­les como de salud mental) son reflejo de un sistema que no solo es falible, sino deficiente. Para peor, los esfuerzos para propiciar un cambio significat­ivo en la cultura de seguridad industrial en el país parecieran provenir solamente de los trabajador­es. El incumplimi­ento frecuente de las normativas de seguridad denota un contexto en el que la impunidad parece ser la norma, más que la excepción. La eficacia de las sanciones y las inspeccion­es deben

ser cuestionad­as, y se presentan como un claro indicativo de la urgencia en el fortalecim­iento de las políticas de control y cumplimien­to por parte del Estado.

En este sentido, la desinforma­ción, entendida como una combinació­n de ignorancia y una actitud despreocup­ada hacia la regulación vigente, es indicativa de un entorno donde la seguridad es menoscabad­a. Además, la percepción de los costos de implementa­ción como prohibitiv­os, revela una alarmante predisposi­ción a compromete­r la seguridad a cambio de ahorros económicos a corto plazo. Es de vital importanci­a acometer una revisión exhaustiva de las políticas públicas relacionad­as con la seguridad industrial y encaminar esfuerzos hacia el fomento de una genuina cultura de prevención. Debe ser prioridad nacional la creación de espacios laborales seguros, que resguarden la vida y salud de los trabajador­es y que impacten positivame­nte en la productivi­dad del país y no lamentar una fuga que duele.

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