Tesoro recibió US$ 872,7 millones con la colocación
El Tesoro Público, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ya tiene acreditados en su cuenta US$ 872,7 millones, provenientes de la última colocación de bonos soberanos realizado en el mercado internacional la última semana, según confirmaron técnicos de la institución.
La cartera emitió en el exterior, por primera vez en moneda nacional, bonos soberanos por G. 3,6 billones, equivalente a unos US$ 500 millones; más otra partida en dólares, por 500 millones, con lo que el total emitido asciende al equivalente a US$ 1.000 millones.
La emisión se llevó a cabo mediante Ley N° 7218/2023 que establece medidas extraordinarias, Ley N° 7228/23 de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024 y Ley N° 6638/2020 de Administración de Pasivos o de “bicicleteo” de deudas como se lo conoce comúnmente (permite canjear deudas por deudas).
La ley de medidas extraordinarias contemplaba una emisión de US$ 380 millones y la ley de presupuesto por US$ 532,5 millones, por lo que se estima que no fueron colocados en su totalidad para poder programar colocaciones en el mercado local.
En diciembre
A fines de diciembre del año pasado, el gobierno de Santiago Peña realizó una primera colocación en el mercado doméstico, por un monto de G. 1,6 billones, equivalentes a US$ 220 millones, de un total autorizado de US$ 600 millones mediante ley de medidas extraordinarias.
Esta ley fue aprobada para pagar la deuda pendiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con las empresas constructoras y del Ministerio de Salud con las farmacéuticas.
Tras la obtención de fondos con la colocación de diciembre, el MEF informó en enero pasado que había pagado US$ 68 millones a las empresas farmacéuticas y US$ 127 millones a las constructoras, que quedaron como deuda flotante.
El resto, según había mencionado el MEF, sería desembolsado con los recursos de la colocación de bonos soberanos.
Con el pago de esta deuda, el fisco cerró el ejercicio 2023 con un déficit fiscal de 4,1% del PIB. Para este año, según el nuevo plan de convergencia establecido por el Gobierno, el saldo rojo no debe superar los 2,6% y el retorno al límite de la ley de responsabilidad fiscal, de 1,5% del PIB, será posible recién para 2026.