Previsión denuncia presuntas anomalías en manejo de fondos
El IPS presentó ante Fiscalía informes sobre supuestas irregularidades en la administración de recursos provenientes de fideicomisos que reflejarían inconsistencias y hasta descalce financiero por obras no previstas. Autoridades del ente darán detalles a
El titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, a través de su Dirección Jurídica, presentó informes ante el Ministerio Público sobre administración de fideicomiso a fin de que sea analizada la causa penal.
El Ministerio Público debe revisar y analizar estos informes de la consultoría externa contratada por la institución.
Estos informes abarcan, por un lado, la composición sobre la constitución de saldos iniciales y modificaciones presupuestarias: emitido sobre saldos iniciales de caja, ampliaciones, reprogramaciones presupuestarias y modificaciones de estructuras presupuestarias, con fundamentos técnicos y legales, correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023, según el detalle. También abarca los informes de consultoría sobre condiciones de bonos y ejecución del fideicomiso de titularización de Fondos de Salud: analiza las condiciones de otorgamiento o colocación de bonos y la correcta ejecución de los fondos del fideicomiso de administración y pago de “Fondos de Salud”.
También se presentaron al Ministerio Público los informes técnico contable y recomendaciones de Gestión, donde se detallan resultados del análisis técnico contable de cuentas activas y pasivas, así como recomendaciones de gestiones a encarar.
Inconsistencias
Entre los aspectos denunciados en uno de los informes resaltan inconsistencias en la utilización de saldos de caja para financiamiento de ampliaciones tramitadas y aprobadas por organismos pertinentes en 2022 y 2023.
Respecto al fideicomiso, habla de presunto descalce financiero debido a la ejecución de obras no previstas en el contrato inicial y presunto incumplimiento de cláusulas respecto al destino de las colocaciones, según los fines establecidos. Se menciona la firma de certificados de obras por personas no autorizadas y la omisión de informar eventos que podrían poner en peligro la emisión de flujos futuros.