Con solo 23 votos, cartistas y aliados destituyen a Kattya por sus críticas
Apenas 23 votos les sirvieron al cartismo y sus aliados “satélites” para atropellar el reglamento del Senado y destituir a Kattya González en un operativo exprés de 24 horas. La opositora acusó a Horacio Cartes de ser el “príncipe narco” y a Santiago Peña de consolidar al crimen organizado con planes de instalar la dictadura del Patrón.
La senadora Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), fue expulsada ayer del Congreso con solo 23 votos de 45 titulares. Estuvo en el cargo solo siete meses desde que el Poder Legislativo fue renovado.
El hecho constituye un alevoso atropello a la democracia y un ataque a la oposición así como el inicio de un plan direccionado a instalar una dictadura con el sello de la mafia y el crimen organizado, manifestaron varios opositores.
En las inmediaciones del Parlamento, ciudadanos autoconvocados se movilizaron contra la resolución con carteles con consignas como “Dictadura nunca más”.
Cómplices
Acompañaron la pérdida de investidura cuatro liberocartistas recientemente expulsados del PLRA encabezados por Dionisio Amarilla, quien actuó de fiscal acusador. Así también, los tres senadores expulsados de Cruzada Nacional y la bancada colorada “independiente” liderada por Colym Soroka. Todos ellos se sumaron a la bancada cartista comandada por Basilio Núñez.
Por otro lado, siete colorados capitaneados por Lilian Samaniego y Blanca Ovelar, plantearon que Kattya González solo sea sancionada con una suspensión de 60 días sin goce de sueldo. Pero tras el rechazo de la moción, se abstuvieron de votar aunque permanecieron en toda la sesión.
En un principio, los impulsores de la destitución fracasaron en la primera convocatoria. Sin embargo, tras una ronda de negociaciones con Samaniego y Soroka, convocaron a una segunda sesión –que no fue autorizada por la Comisión Permanente del Congreso– y se consumó el atropello.
En este lapso, desde el IPS también se amenazó con presentar denuncias de irregularidades en el periodo anterior, que afectarían al clan Samaniego.
Tuvo 100.000 votos
González es una de las principales voces de la oposición y llegó al Congreso con más de 100.000 votos directos en la lista –desbloqueada– que encabezó, siendo la cuarta más favorecida en las preferencias de los votantes.
Habrá reacción ciudadana
Durante más de cuatro horas de debate, los opositores denunciaron que la destitución fue una vendetta por sus denuncias contra el senador Hernán Rivas y por ser una constante molestia para el oficialismo, el crimen organizado y los negocios del cartismo. Sostuvieron que la sesión era nula, ya que se violentó el reglamento interno.
González solo ingresó a la sala de sesiones casi al término de la misma para lanzar una dura proclama contra Horacio Cartes, Santiago Peña y parlamentarios cómplices, a quienes acusó de instalar una dictadura y “narcoestado”. No habló sobre el libelo acusatorio.
También advirtió a sus verdugos que ahora vivirán con miedo a la ciudadanía por sus atropellos, tráfico de influencia y corrupción.
Todo el trámite de la destitución se dio en poco más de 24 horas, desde la presentación de la convocatoria el
Kattya González (PEN) es la segunda senadora en ser expulsada del Congreso con solo 23 votos de sus pares. Previamente Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional) también perdió su investidura con la misma cantidad de votos, pero en el periodo pasado. En cambio, Eugenia Bajac (PLRA, llanista) fue echada con 40 votos; Víctor Bogado (ANR, cartista) fue expulsado con 35 votos y Dionisio Amarilla (PLRA) fue sacado del Senado con 31.
Óscar González Daher (ANR, cartista) fue expulsado por 30 votos en 2017 al final del periodo parlamentario y se vio forzado a renunciar en 2018. Tanto Jorge Oviedo Matto (Unace) como Mirta Gusinky presentaron renuncia.
martes, a las 13:00, hasta su expulsión, ayer a las 16:00.
Para cumplir el objetivo, el oficialismo y sus aliados atropellaron su propio reglamento interno, el cual había elevado para las pérdidas de investidura la exigencia a 30 votos; ignoraron alevosamente la vigencia de la Comisión Permanente del Congreso, que no convocó la segunda sesión extraordinaria
que consumó el atropello y no se notificó –para hacer uso de su legítimo derecho a la defensa– a la legisladora el libelo acusatorio.
En dicho documento acusaban a la senadora de uso indebido de influencia por las denuncias de complicidad en supuesto planillerismo y cobro indebido de honorarios entre miembros del personal a su cargo.