CGR: Salen primeras DD.JJ. de antes que sea cercenada la ley
La Contraloría General de la República (CGR) compartió ayer los primeros datos de miembros del Poder Ejecutivo y ministros sobre sus familiares en la función pública y privada, además de sus acciones en empresas. El documento señala que Santiago Peña fue director titular del Banco Basa, propiedad de la familia del expresidente Horacio Cartes hasta el 31 de julio del 2022.
La Contraloría General de la República (CGR) divulgó los primeros informes que guardan relación con las declaraciones juradas (DD.JJ.) de los familiares del presidente de la República, Santiago Peña, del vicepresidente de la República, Pedro Alliana y de los ministros del Poder Ejecutivo, además, acerca de las actividades que ejercieron antes de asumir sus actuales cargos.
Esas manifestaciones de bienes fueron efectuadas antes de que la ley respectiva fuera modificada y mutilada. Después de esos cambios, los datos de los parientes de las autoridades ya no son obligatorios en sus DD.JJ.
Entre los primeros documentos dados a conocer se observa que el presidente Santiago Peña solo tiene a su esposa, Leticia Ocampos, en la función pública (como primera dama). El mismo documento indica que la última actividad laboral de Peña antes de ser mandatario (9 meses antes de asumir), fue como director del banco Basa cuando Horacio Manuel Cartes Jara era jefe de Estado.
En el caso de Pedro Alliana, declaró solo sobre algunos de sus familiares que están colgados del Estado. Así, resaltan su cónyuge, la diputada Fabiana Souto ,su cuñado Rodrigo Daniel Souto Ortiz, que “ya está mejor” en la Vicepresidencia de la República a costa del erario.
También declaró a su hija,
Montserrat Alliana, quien hasta agosto del año pasado ganaba un poco más de G. 6 millones como funcionaria del Ministerio de Justicia. A partir de octubre último pasó a cobrar G. 18.274.300 como empleada permanente de la Cámara de Diputados, cuyo presidente actual es el cartista Raúl Latorre.
En el informe de la CGR figura además la cuñada del vicepresidente, María Victoria Souto Ortiz, quien consiguió ser contratada en el Instituto de Previsión Social. Sin embargo, muchos otros familiares suyos no están en la lista que presentó ante el ente contralor.
Mantener a los allegados del vicepresidente Alliana, cuesta al Estado paraguayo G. 3.157 millones al año.
“Están publicadas en nuestra web institucional las DJ de intereses de los sujetos obligados, conforme al artículo 12 de la Ley N° 7236/24, que modifica la Ley N° 7089/23 y deroga los artículos 24, 25, 26 y 38”, resalta la publicación de la CGR en la red social X.