Iglesia lamenta deterioro del proceso de la institucionalidad democrática
Ante la expulsión de Kattya González del Senado por orden del cartismo, la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) alertó sobre el peligro que corre la democracia en el país por los privilegios que tienen ciertos grupos. Recuerda al Gobierno que la Constitu
El Consejo Episcopal Permanente de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), que preside el cardenal, arzobispo de Asunción y administrador apostólico de las FF.AA. y de la Policía Nacional, Mons. Adalberto Martínez, emitió ayer un duro comunicado en el que señala que la actuación de miembros del Senado
dejó dudas en cuanto al cumplimiento de las formalidades legales y reglamentarias en el procedimiento realizado.
“Observamos con dolor un proceso de deterioro de la institucionalidad democrática de nuestro país que, con sus luces y sus sombras, se ha venido construyendo con esfuerzo en los últimos 35 años”, dice la nota de la CEP. Además del cardenal Martínez, integran dicho consejo Mons. Pierre Jubinville, obispo de San Pedro, Mons. Amancio Benítez, obispo de Benjamín Aceval y Mons. Francisco Javier Pistilli, obispo de Santísima Encarnación.
Altura moral y ética
La Iglesia señala que existe “la necesidad de conducir las instituciones democráticas de la República con la altura moral y ética”, así como idoneidad y el respeto a los procesos que deben aplicarse “con equidad en todos los espacios y en todos los casos, sin privilegios ni consideraciones de intereses particulares o de grupos”.
“Pone en riesgo y lastima el sistema democrático cuando la lucha por el poder y los intereses de grupos de poder interfieren y se anteponen al bien común y al fortalecimiento de los Poderes del Estado”, agrega el comunicado. Indica también que “necesitamos instituciones que aseguren confianza a la
ciudadanía, por la integridad, rectitud, honestidad y decencia en la conducta de quienes ejercen la responsabilidad de conducción” en el Gobierno.
Refiere igualmente: “Los que dirigen las instituciones democráticas del país deben recordar que existen para servir a la nación , y que el primer servicio es la responsabilidad de velar por la seriedad del uso del poder, observando que las diferencias entre mayorías y minorías no ocasionen daños a la confianza y la legitimidad de sus decisiones”.
Expresa que quienes ocupan cargos electivos deben respetar, cumplir y salvaguardar los mandatos de la Carta Magna en cuanto a la democracia representativa, participativa y pluralista; la soberanía que reside en el Pueblo y el gobierno ejercido por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. “La dictadura está fuera de la ley”, advierte.