Batalla judicial por valiosa estancia comisada en causa de narcotráfico
Una estancia valuada en más de 1 millón de dólares, comisada en un juicio por narcotráfico, es objeto de una insólita disputa judicial en los fueros penal y civil. Por un lado, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Sen
La propiedad en cuestión es la ex estancia San Pablo, con una superficie de 1.771,36 hectáreas, que el 13 de enero del 2015 fue escenario de un operativo antidroga que concluyó con la aprehensión de una avioneta con 355 kilos de cocaína.
En la ocasión, fueron detenidas cinco personas, entre ellas el propietario del establecimiento, Augusto Ramón Ruiz Aguilera, conocido como “Chingolo”.
El 29 de mayo del 2017, Ruiz fue sentenciado a 13 años de cárcel, ocasión en que el Tribunal de Sentencia dispuso, además, el comiso de la estancia, identificada como Finca N° 8282.
En cumplimiento de dicha disposición, una vez firme la sentencia, el 26 de noviembre del 2021 un funcionario de la Senabico se constituyó en el inmueble para tomar posesión, acompañado de la actuaria judicial y militares, pero no fue posible.
La comitiva fue recibida por Luciano Cano Santander y Edith Acosta, quienes se presentaron como capataz y cocinera, respectivamente. Estas personas indicaron que habían sido contratados por Braulio González Ramos para encargarse del local cuatro meses antes y se negaron a abandonar la propiedad.
En aquel entonces, el inmueble ya estaba registrado como “Cabaña “Don Baby”, a nombre de la Agroganadera Saxum, pese a que el juzgado penal de garantías N° 11 ordenó el embargo del mismo el 24 de abril del 2015, decisión notificada a la Dirección General de Registros Públicos.
El propietario de la Agroganadera Saxum, Braulio González Ramos, presentó un interdicto de retener posesión. En su presentación, González Ramos señala que adquirió el inmueble de Ruiz por US$ 1.834.000 a través de la escritura pública N° 24 del 21 de abril de 2015 y que la transferencia se hizo el 6 de octubre del mismo año.
Con dicha acción, González Ramos pretende evitar la subasta de la propiedad, pero el 11 de abril pasado la misma fue rechazada por la jueza Vivian López. Ahora, este fallo ha sido ratificado por el Tribunal de Apelación en lo civil, 3ª sala, integrado por Antonia López, Neri Villalba y Guillermo Zillich.