UGP insiste en que exigencias de UE quieren restar competitividad
El presidente de la Unión de Gremios de la Producción dijo que la Unión Europea tiene derecho a poner reglas para permitir la importación de productos a sus países, pero que no pueden “aplicar extraterritorialmente” esas leyes fuera del bloque.
En comunicación con ABC Cardinal, el titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, explicó la oposición de los gremios productores paraguayos al Reglamento 1115 de la Unión Europea, que establece nuevas exigencias para la importación de productos a los países del bloque económico europeo.
Cristaldo dijo que la
Unión Europea tiene derecho a establecer condiciones para permitir la entrada de productos a sus territorios, pero “el problema es cuando esa ley quieren aplicar extraterritorialmente”.
Opinó que el problema con el reglamento es que las autoridades europeas “no reconocen ninguna documentación oficial ni certificación privada” de los países de origen de los productos a ser importados, solo un “proceso de diligencia debida” que, a su juicio, se basa en el “principio precautorio”.
“Permite tomar decisiones bajo la simple sospecha o denuncia, aunque no tenga base científica”, dijo. “Se presta a que una simple denuncia de una ONG te pueda bloquear, sancionar y poner en lista negra”.
“Subjetividades”
El representante de los gremios productores dijo que, el año pasado, la Unión Europea estableció la firma de un “anexo de sostenibilidad” como requisito para la ratificación del tratado de libre comercio con el Mercosur, cerrado en 2019, y afirmó que en ese anexo “vienen embutidos los criterios que se iban a plasmar en el Reglamento 1115, algo que “los países (del Mercosur) no aceptaron, como es lógico”. Opinó que hay “un montón de subjetividades” en los criterios europeos, en torno a cuestiones como la corrupción o los derechos de pueblos indígenas, además de aspectos de la norma 1115 que “contraponen” con la ley paraguaya. Señaló como ejemplo el cambio de uso del suelo, algo que en Paraguay es legal –solo en el Chaco–, pero que la Unión Europea considera ilegal.
“Resolvimos no apoyar ninguna medida que frene la producción de alimentos, que interfiera en el desarrollo económico del Paraguay, que genere barreras artificiales basadas en una supuesta preocupación ambiental cuando en el fondo hay un interés de sacarnos competitividad”, concluyó.