US$ 1.000 millones solo en intereses: Gobiernos colorados hipotecaron el país

Algunos recordarán que en agosto de 2014 hubo una gran polémica por una colocación sin precedentes de 1.000 millones de dólares de bonos del Tesoro, lo que elevaba el saldo de la deuda pública casi 40% de un plumazo, a la astronómica suma de 3.679 millones de dólares. El presidente de la República era Horacio Cartes, el ministro de Hacienda, Germán Rojas ,y contra viento y marea se impuso la mayoría parlamentaria para realizar la riesgosa operación, con el argumento de que se aprovecharían las buenas condiciones en el mercado internacional para hacer de una vez toda la infraestructura que el país necesitaba. Pues bien, han pasado diez años, la infraestructura sigue siendo sumamente insuficiente y deficiente, pero el saldo de la deuda es de 17.581 millones de dólares, y ¡1.000 millones de dólares, un monto que en aquel momento parecía exorbitante, es prácticamente lo que va a pagar el Estado paraguayo en 2024 solamente en intereses!

El Ministerio de Economía y Finanzas prevé desembolsar este año por lo menos 6,5 billones de guaraníes por intereses de la deuda pública, lo que representa una fuerte disparada del 44% en este inicio del gobierno de Santiago Peña en comparación con los 4,5 billones de guaraníes desembolsados en ese concepto en 2023.

La escalada se ha vuelto alarmantemente exponencial, teniendo en cuenta que en 2023 ya hubo un fuerte salto del 32% en relación con 2022, cuando el monto pagado en intereses fue de 3,4 billones de guaraníes.

Cuando se completen las emisiones que están en pleno curso, la deuda nacional habrá pasado del 10% al 39% del PIB en tan solo una década, en coincidencia con los tres últimos gobiernos colorados, y hoy el costo, únicamente en términos de intereses, consume un décimo de todo el presupuesto de la Administración Central con tendencia creciente.

Lo más grave es que ya ni siquiera existe la presunta justificación de endeudarse para invertir y generar un retorno, porque la mayor parte de los nuevos empréstitos es para cancelar vencimientos de capital anteriores,

en un bicicleteo que se ha vuelto crónico y cada vez más grande, como una incontenible bola de nieve.

Por ejemplo, este Gobierno, en su primer año de mandato, hasta el momento tiene previsto completar una emisión de bonos soberanos de 1.800 millones de dólares, parte de lo cual ya se ha concretado. De ese total, por lo menos el 70% es para pagar deudas pasadas, incluidos atrasos en pagos a contratistas y proveedores del Estado por obras y suministros ya ejecutados.

Actualmente el servicio de la deuda se limita casi exclusivamente al pago de intereses y comisiones, debido a una aplicación extensiva de la ley de administración financiera, que dentro de ciertos márgenes faculta al Poder Ejecutivo a canjear bonos por nuevas emisiones cuando vence el principal,

que es el motivo por el cual el saldo deudor nunca se reduce, sino todo lo contrario.

Supuestamente la ley prohíbe endeudarse para pagar intereses, pero eso es más teórico que real y cada vez lo es más. La razón es que el servicio de la deuda se ha vuelto un pesado gasto fijo del gobierno, que no se puede recortar. En consecuencia, se recortan otros programas, principalmente inversiones, y se tienen que tomar nuevas deudas para cubrir el agujero de esos recortes, por lo que, en la práctica, sí se capitalizan los

intereses.

Una muestra evidente de ello es precisamente el caso actual de las deudas vencidas por obras públicas y medicamentos, para lo cual se emitieron bonos por 600 millones de dólares, y todo indica que no será suficiente para ponerse al día. Todos esos contratos tuvieron que estar previamente presupuestados, generalmente con financiamiento proveniente de préstamos, sobre todo en obras. Pero, como no se pagaron, porque no alcanzó el dinero, que se usó en otra cosa, luego se toman nuevos préstamos para honrar obligaciones que ya habían sido fondeadas con deudas anteriores.

El hecho es que, en apenas diez años, Paraguay ha quintuplicado su endeudamiento y, en contrapartida, está entre los de peor infraestructura de América Latina, según el Índice de Competitividad Global, muy lejos de aquella promesa que se hizo en 2014. Se pueden distribuir culpas y poner muchas excusas, pero los responsables tienen nombre y apellido: Horacio Cartes, Mario Abdo Benítez y Santiago Peña, que son quienes han ejercido el Poder Ejecutivo, con la función constitucional de administrar la cosa pública.