Ciudad del Este debe ser rescatada de las garras del crimen

En protesta contra la inoperancia policial ante la pavorosa inseguridad que castiga a Ciudad del Este, cuya última expresión fue el violento asesinato de un joyero asaltado en su negocio y quien intentó desesperadamente salvar su vida, el intendente Miguel Prieto anunció el cierre de la Municipalidad hasta que los agentes del orden reaccionen. En realidad, el dramático fenómeno se extiende a gran parte del Alto Paraná, lo que indujo al jefe regional del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional (PN), comisario principal Wilfrido Maldonado, a señalar como causas el elevado consumo juvenil de drogas y la presencia de numerosas organizaciones criminales, debido a la gran circulación de dinero, de la que muchas veces no se informaría a la PN. Aparte de estas obviedades, el jefe policial dijo que, al asumir el cargo hace dos semanas, tuvo que “ordenar la casa” porque desde allí se informaba a los hampones y que es difícil responder con prontitud a la ciudadanía porque las pesquisas llevan tiempo. Como es presumible que ellas sigan siendo entorpecidas por los “polibandis” que permanecen en funciones, la limpieza de la casa debe hacerse con rapidez para que la gente encuentre un poco de calma.

El presidente de la Cámara de Empresarios del Alto Paraná, Rigoberto Chamorro, resumió la gravísima situación en estos angustiosos términos: “Estamos con miedo de salir de la casa, de ir al trabajo, no sabemos qué nos espera (...) estamos en tierra de nadie (...) todo lo que hay prácticamente está muy contaminado, terrible estamos pasando, no sabemos a quién recurrir”. A juzgar por estas palabras de un personaje de primerísimo nivel local, el temor, la incertidumbre, la corruptela y la indefensión están marcando la vida cotidiana, sin que el Estado cumpla con su deber esencial de preservar la vida, la libertad y los bienes de las personas. El gremio del desesperado empresario habría presentado estas quejas a Santiago Peña, a poco de haber asumido su alto cargo, en aquel entonces, la cuestión se reducía a asaltos a farmacias, a despensitas... “Ahora los delincuentes están manejando totalmente nuestra ciudad”, según Chamorro. O sea que las cosas “no están mejor”, sino que han empeorado.

Aunque al Presidente de la República le parezca increíble, el Paraguay dista mucho de ser tan seguro como los países nórdicos. Al cumplirse los cien primeros días de Gobierno, el locuaz ministro del Interior, Enrique Riera, se jactó de haber logrado sus tres objetivos, aunque “no se pueden mostrar”: triplicar el número de agentes Lince, instalar tobilleras electrónicas para combatir el feminicidio y trabajar en el plan “Chau Chespi”. Tendría que volver a visitar cuanto antes la capital del Alto Paraná para saber qué piensan los habitantes de su desempeño y del de los agentes policiales del lugar, ya que hasta ahora solo lo hizo una vez y “para la foto”, según el empresario antes citado.

En opinión del señor Chamorro, el actual responsable de la seguridad interna “tiene que irse a su casa”, no sin antes trasladar al 70% de los uniformados, ausentes de las calles, porque están muy “contaminados”. Agregó que no investigan, hacen caso omiso de los datos brindados por las víctimas, de modo que sería falso lo dicho por el comisario principal Maldonado acerca del motivo de la falta de respuesta oportuna. Cuanto está aconteciendo en el Alto Paraná, que bien puede extenderse a otras zonas del país, es señal de la urgente necesidad de colocar la seguridad interna en los primeros lugares de la agenda gubernativa. El ministro Riera anunció la inversión de 118 millones de dólares en esta materia, lo que no servirá de mucho mientras la PN siga inficionada por la corrupción voraz y mientras, como se dijo más de una vez desde altas esferas, el crimen organizado siga inserto “en todas las instituciones”.

Por de pronto, sería bueno que el presidente Santiago Peña

pise tierra y desoiga a quienes, al parecer, dan órdenes desde las sombras, como también a los adulones que le presentan un país de maravillas y se ocupe realmente de una penosísima realidad que atormenta cada día a muchos compatriotas .Al tráfico de drogas se ha sumado el de armas, incluso con la participación de altos jefes militares, para proveer de ellas no solo a organizaciones criminales brasileñas, sino también a grupos locales que perpetran asaltos “tipo comando” con el uso de fusiles, como viene ocurriendo cada vez con mayor frecuencia. Si se han vuelto rutinarios es porque los agentes estatales han permitido el auge de la delincuencia con su ineptitud, su indolencia o su complicidad. Es preciso depurarlos para que los habitantes de este país puedan vivir sin miedo al asesinato, al secuestro ni al atraco.

El gansterismo debe ser erradicado mediante el empleo de la fuerza legítima para que no se llegue al extremo de tener que declarar un “estado de excepción por grave conmoción interna”, tal como ocurrió hace poco en cierto país sudamericano. No estamos “mejor”, pero sí estamos a tiempo de prevenir males aún mayores, siempre que los Poderes del Estado se decidan a actuar con la energía necesaria para impedir que el crimen –organizado o no– se vuelva parte del típico paisaje paraguayo.

Es de esperar que, como cuando hace unos días, Santiago Peña se mostró compungido ante la desesperante realidad que sufrían pacientes y familiares en el Hospital Nacional de Itauguá y prometió soluciones, se le ocurra ahora visitar otra vez Ciudad del Este, que recorra por unos días sus calles como una persona normal, sin sus guardias, para ver si no cambia de parecer sobre el estado de la seguridad en nuestro país, y compruebe la zozobra en que viven los habitantes de esa región y, en fin, todo el Paraguay.