Faltan definiciones sobre legisladores procesados

En ambas Cámaras del Congreso existen legisladores con procesos penales abiertos, uno de ellos con proceso de desafuero pendiente y otros tres pendientes de avance de las investigaciones.

Al reinicio del periodo parlamentario, la Cámara de Diputados deberá analizar el pedido de desafuero del diputado cartista Esteban Samaniego, un “mimado” en este aspecto, ya que tiene cajoneados al menos cuatro pedidos de desafuero en causas distintas.

Samaniego había sido imputado en diciembre del año pasado, junto a su esposa, la actual intendenta de Quyquyhó, Patricia Adriana Corvalán, por supuesto desvío de fondos durante su administración al frente de la comuna.

Además de este caso, el diputado cartista tiene sin resolver otros tres pedidos por casos en el fuero civil (por denuncias de agresión física), dos de los cuales datan ya del año 2022 y uno del año pasado.

Hasta ahora, el único pedido de desafuero al que dio trámite la actual composición de la Cámara Baja fue el del diputado Rubén Roussillón (ANR, bancada B - oficialista).

Justamente, su caso llamó la atención, puesto que el trámite fue a pedido del mismo en una causa en la cual se investiga una lesión de confianza durante la administración del exgobernador de Presidente Hayes Óscar Venancio “Ñoño” Núñez (hermano de Basilio “Bachi” Núñez) y otros. Se presume que el interés en ser desaforado es para ser sobreseído definitivamente.

En el Senado, el pasado 15 de febrero, en una sesión extraordinaria en el receso parlamentario, se precedió a desaforar al senador Hernán David Rivas (ANR, HC) en la causa por presunto título falso de abogado.

Finalmente, el caso del senador cartista Erico Galeano está fijado para el 24 de mayo como fecha para que los fiscales de la causa presenten requerimiento conclusivo ante el juzgado.