Carencias para los ciudadanos, viaje en clase ejecutiva para autoridades
A partir de este año, los congresistas, ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los ministros del gabinete del presidente Santiago Peña podrán viajar en “clase ejecutiva” al exterior. Mientras tanto, niños del interior estudian bajo árboles y la ciudadanía soporta “reguladas” extremas por parte de los empresarios del transporte.
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Aquel discurso del presidente de la República, Santiago Peña , de “mejorar” o cuidar el gasto público, está quedando cada vez más lejos de la realidad que aplica su propio gobierno.
Ahora, mediante una pequeña modificación de la Ley que regula el Presupuesto General de Gastos de la Nación, un grupo de privilegiados funcionarios públicos podrá hacer viajes al extranjero utilizando el servicio de clase ejecutiva, dejando de lado la clase económica.
El cambio en el documento de ley apenas tiene un párrafo, pero lo que dispone es realmente significativo en cuanto a los montos que podrían representar estas modificaciones a la hora de viajar
de estas autoridades.
La cuestión es así: el Presupuesto General de Gastos de la Nación tiene –dentro del Capítulo de Políticas de Racionalización de Gastos, justamente– el artículo 235, que establece los criterios a la hora de comprar los pasajes aéreos para el traslado de los funcionarios y el personal que prestan servicio en los Organismos y Entidades del Estado (OEE).
Hasta el 2023, este artículo 235 establecía que los pasajes aéreos internacionales para los funcionarios y personal de los OEE deberán adquirirse en clase económica, con excepción únicamente de los presidentes y vicepresidentes de los poderes del Estado, que podrán viajar en clase ejecutiva.
Esto, justamente, como una medida para racionalizar el gasto estatal.
De hecho, revisando las leyes que aprobaban los presupuestos anuales de años anteriores, se observa que en cada año se puso como una cuestión establecida la compra de pasajes en
clase económica para los funcionarios públicos.
A partir de este año, el artículo mencionado sufrió una modificación y la excepción se extendió a los ministros de la CSJ, a los congresistas y a la máxima autoridad de los OEE , es decir, a los ministros o secretarios con rango ministerial.
“Exclusivamente para los casos de viajes que superen las siete horas de vuelo hasta destino final, incluyendo las escalas”, señala el nuevo artículo 235.
Compras planificadas
Según lo que consta en los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas (DNCP), la Cámara de Senadores tiene planificado comprar pasajes aéreos este año por unos G. 230 millones.
Las licitaciones aún no se dieron a conocer, pero la planificación ya figura para este año.
Igualmente, el Congreso Nacional tiene prevista la compra de pasajes aéreos a nivel nacional e internacional por unos G. 190 millones.
En este caso, la presentación de ofertas se realizó el pasado 7 de febrero, según la Dirección de Contrataciones Públicas.
Niños bajo árboles
Mientras el Gobierno ya impuso que estos funcionarios viajen en clase ejecutiva cuando tengan que ir al exterior, la realidad es completamente distinta para los padres de familia de la escuela N° 8066 de la comunidad
indígena La Paloma del distrito de Yataity del Norte, departamento de San Pedro.
En esta institución escolar, los niños no tienen aula, por lo que iniciaron el año lectivo teniendo clases bajo árboles. La escuela alberga a 27 alumnos, cuenta con dos profesores y no tiene agua potable.
Investigaciones
Escuelas en mal estado
Según datos de microplanificación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el 45% de los locales escolares públicos requieren de intervenciones edilicias.
Este año se iniciaron las clases con 8.746 aulas en mal estado y con riesgo de derrumbe, inclusive, según el propio MEC.
Además, al menos 2.615 escuelas o colegios necesitan algún tipo de reparaciones de sanitarios, de acuerdo con el
reporte de los directores.
“Pecheo” de ministro La última semana de enero de 2024,
el ministro de Educación, Luis Ramírez, había solicitado apoyo económico a la Asociación de Funcionarios del MEC (Afemec) para dar asistencia a dos escuelas de Asunción, que necesitaban urgente ayuda ante la falta de presupuesto de su cartera.
El “pecheo” del secretario de Estado tuvo efecto y dicha organización donó finalmente unos G. 30 millones, que fueron destinados a compras de equipos y muebles para las escuelas Carlos Antonio López y Santa Rosa de Lima, esta última, subvencionada.